Tras mucho batallar, organismos de sociedad civil y del sector privado lograron en el 2001 la adopción del Convenio de Cibercrimen del Consejo de Europa -o Convenio de Budapest- al que, por una destacable labor de nuestra Cancillería, el Perú se adhirió, aunque recién en 2019. La adhesión a este convenio sólo fue el punto de partida para múltiples tareas por realizar, como la adecuación normativa en materia de cibercrimen, y la creación de herramientas para informática forense (para la investigación operativa). También quedó pendiente el fortalecimiento de las autoridades competentes: ya sea la DIVINDAT con personal, equipos y recursos financieros, la Fiscalía de Cibercrimen -que hace esfuerzos titánicos con los recursos que tienen en un mundo cada vez más digital- por parte de la Fiscalía, o la creación de juzgados especializados en materia digital por parte del Poder Judicial.

Pero avanzábamos: la ley de ciberseguridad 2019, entre otras cosas,........

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