Las medidas draconianas y poco sustentadas que han venido tomando una serie de ineficientes municipalidades luego del siniestro ocurrido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo están generando nuevas víctimas.

Hasta hace unos días, 100 mil peruanos tenían en suspenso sus empleos, sean directos o indirectos, además de unos 2,500 negocios, entre locatarios –tiendas que operan dentro de los malls– y módulos de ventas, que habían dejado de operar debido al cierre indiscriminado de casi 30 centros comerciales en todo el país. Locales en los que a menudo funcionan también dependencias del Estado para agilizar trámites de la ciudadanía, no lo olvidemos.

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