En el mes de agosto de 2026 impactó en la opinión pública la decisión del Gobierno andaluz de crear 117 plazas de capellanes católicos en hospitales públicos. Es lógica la alarma social ante el problema de la salud en Andalucía con largas listas de espera, los cribados mal atendidos, la clamorosa falta de médicos y personal sanitario, etc., pero también desvela, una vez más, un grave problema que arrastramos desde 1978, un problema de inconstitucionalidad y privilegios en el que está sumergida y de ahí no sale la Iglesia católica. 

Ayer fueron los capellanes católicos de centros de salud, antier los capellanes católicos militares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mañana serán los profesores de Religión católica de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Gobierno tras Gobierno la situación se reproduce y sigue igual. El PP en el Gobierno amplifica el tratamiento inconstitucional dispensado a la Iglesia católica. El PSOE en el Gobierno no se atreve a mover la situación jurídica privilegiada de los católicos/as en nuestro país. 

Los hitos destacados de la cadena de privilegios de la Iglesia católica

Los privilegios de la Iglesia católica atentan contra un principio constitucional: la aconfesionalidad del Estado español, expresado de esta manera: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3 CE). La restauración del principio de la aconfesionalidad del Estado comportaría suprimir los peldaños de una escalera gigantesca de privilegios, de menor a mayor relevancia, en una programación similar a la que expongo a continuación. Únicamente cito los privilegios más destacados. 

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La enseñanza de cualquier religión debería ser una responsabilidad de las confesiones religiosas en todos los sentidos y dispensada en sus centros. Un programa de estudios razonable e imparcial debería contener, a lo sumo, la asignatura “Historia de las religiones” o similares, y no una religión concreta, cuyo estudio debería desplazarse a los lugares de culto y centros de cada confesión........

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