Esta pasada semana, el Ministerio del Interior presentó su informe anual sobre los delitos de odio en España, mostrando un incremento del 23% respecto al año anterior, la cifra más alta desde 2014, cuando se empezaron a registrar estos datos. En total se han contabilizado 2.417 denuncias o investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el racismo a la cabeza, seguido por la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Le siguen los delitos de odio por ideología, y destaca el aumento en un 133% de la islamofobia.

La recopilación y difusión de estos datos es una obligación de las administraciones públicas y un termómetro de la situación, pero debemos apuntar las limitaciones y las ambigüedades que subyacen, antes de lanzar determinadas conclusiones. Si bien el Estado ha dotado estos últimos años de más herramientas para concienciar sobre estos delitos y denunciarlos, y la conciencia es mayor, sigue habiendo múltiples escollos para que esta legislación se aplique de una manera coherente con el fin para el que supuestamente fue creada. Una legislación que ha estado acompañada de numerosas polémicas y críticas desde que España decidió, por mandato europeo, ponerse las pilas en esta materia.

Una de las primeras controversias vino tras la imputación de varias personas por delito de odio ‘contra la policía’, considerando que los agentes de la fuerza pública podían ser víctimas de odio y discriminación por su condición de autoridad. En 2018 pregunté para Público a varios organismos internacionales especializados en esta materia, y desecharon por completo esta aplicación para proteger a un sector que ya........

© Público