18/07/202418/07/2024 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados.- Eduardo Parra / Europa Press

El año 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, los partidos de la derecha consiguieron aprobar -entre otras normas- una nueva ley de seguridad ciudadana. Se trataba de una reacción de los partidos conservadores españoles frente al movimiento del 15M de unos años antes. El objetivo era desmovilizar a la sociedad y reprimir de modo más eficaz cualquier tipo de protesta social. Al resultado se le viene llamando ley mordaza. Durante su debate parlamentario la izquierda se fijó especialmente en algunos artículos que criminalizaban la convocatoria de manifestaciones no comunicadas o la captación de imágenes de agentes de la autoridad. Sin embargo, la ley era algo peor: venía a crear un modelo totalmente nuevo de relación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, en el que los agentes ganaban un poder inaudito en la historia de nuestra democracia.

Efectivamente, el núcleo de esa ley es que permite a la policía imponer multas a los ciudadanos en una enorme cantidad de circunstancias. La aplicación práctica ha demostrado que introducía una auténtica situación de arbitrariedad policial a través, sobre todo, de un doble mecanismo: la posibilidad de que un agente policial imponga una multa a cualquier persona de la que crea que no lo ha obedecido diligentemente o le ha faltado al respeto. A partir de ese momento la ciudadanía ha ido comprobando cómo en cualquier acto público de protesta se ha vuelto habitual que la policía tome los datos de quienes participan en ella y al poco reciban en su casa una multa basada en alguno de estos motivos tan subjetivos. Prácticamente no hay ningún acto de protesta, sobre todo aquellos que ideológica o socialmente les gustan menos a nuestros policías, que no acabe con multas. Las cifras son brutales. Dos millones de españoles y españolas, más del cuatro por ciento de la población, han sido ya multados en base a esta ley.

Lógicamente acabar con esta situación y volver a la libertad de la que disfrutamos los primeros 35 años de régimen constitucional se ha convertido en una reivindicación masiva y, en cierto modo, en el símbolo del retroceso de nuestros derechos. Es especialmente numerosa entre los partidos de izquierda y en todos los........

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