Tras la firma del acuerdo de paz en el balneario de Sharm-el-Sheik, en Egipto, se puso fin, aunque de manera provisional, a los dos años de hostilidades en la Franja de Gaza. Este pacto, que podría definirse más acertadamente como una tregua, fue impulsado por la administración estadounidense liderada por Donald Trump y contó con la presencia de una veintena de mandatarios de todo el mundo. Entre ellos, España destacó por su papel protagonista, liderando el proceso de reconocimiento diplomático de Palestina, que actualmente suma el apoyo de 157 estados nacionales.  

Tal y como ha expresado el Presidente Pedro Sánchez, es fundamental que las personas que han desempeñado un papel principal en el genocidio perpetrado en Gaza sean llevadas ante la justicia. Este principio no solo responde a una exigencia moral y política, sino que se encuentra respaldado por el avance de los actuales procedimientos judiciales internacionales que buscan esclarecer y juzgar los crímenes cometidos en la región. Estos procesos se encuentran en marcha en La Haya, Países Bajos, y están relacionados con el Consejo de Seguridad en la sede en Nueva York de la ONU, ante el cual tuve ocasión de intervenir el pasado 19 de agosto, así como con el reciente dictamen de la comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos en la sede en Ginebra de la ONU.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ ), es la principal instancia judicial de las Naciones Unidas y su estatuto está recogido en la Carta fundacional suscrita en San Francisco que dio origen a las Naciones Unidas en 1945. Todos los Estados miembros de la ONU son automáticamente - según el artículo 93.1º de la Carta de Naciones Unidas- miembros de la Corte, incluidos por supuesto Israel y EEUU. Es importante tener claro que la Corte no enjuicia a individuos, sino únicamente a Estados soberanos, además de emitir opiniones consultivas sobre diversas cuestiones a solicitud, principalmente, de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 29 de diciembre de 2023 la Republica de Sudáfrica, con el peso moral del padecimiento durante décadas del régimen racista del "apartheid", inició un procedimiento en La Haya contra el Estado de Israel por violación de varios preceptos de la "Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio" suscrita en 1948.

Hay que tener presente que, paradójicamente, esta convención fue instituida en base al recuerdo de las atrocidades del régimen nacionalsocialista en Alemania (1933-1945 ) y en particular el asesinato en Europa de más de seis millones de judíos, además de gitanos y otras etnias minoritarias, prisioneros de guerra y oponentes políticos en campos de exterminio como Treblinka, Mauthausen, Sobibor o Auschwitz.

Israel, a diferencia de lo que sucede con la causa que se sigue en el Tribunal Penal Internacional (TPI), sí ha comparecido oficialmente y se ha personado a todos los efectos en este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, han intervenido con extensas alegaciones, de forma presencial y con el acompañamiento de abundante documentación, para defenderse vehementemente de las afirmaciones contenidas en el escrito de acusación presentado por Sudáfrica.

Un panel de quince jueces de diferentes........

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