En pleno centro de Madrid, en la calle Tribulete número 7, se está escribiendo una página en la historia de la defensa del derecho a la vivienda. Lo que comenzó como una resistencia vecinal más frente a un fondo de inversión vinculado a Esperanza Aguirre, tras la adquisición del bloque hace dos años se ha convertido en la primera acción judicial colectiva por acoso inmobiliario capaz de sentar en el banquillo a un fondo buitre.   

Las vecinas y vecinos de este bloque de viviendas organizadas en el Sindicato de Inquilinas, llevan más de dos años denunciando "mobbing inmobiliario": obras y ruidos insoportables, cortes de luz, goteras, grietas en las paredes, inundaciones, caída de cascotes y techos y todo ello acompañado de amenazas indirectas de mediadores que día tras día les recuerdan que se tienen que marchar sí o sí,  y un goteo e incesante número de desalojos forzosos disfrazados de "acuerdos" que compelen a los vecinos a aceptar el dinero e irse. Una estrategia que pasa, por un lado, por hacerles la vida imposible a través de la ejecución de unas obras insoportables que literalmente les está generando un "entorno torturante" y por otro, por la de ofrecerles ingentes cantidades de dinero para "facilitar" su marcha. Los "acuerdos" son siempre confidenciales e individuales, claro.

Lamentablemente, la estrategia ha funcionado. De las 55 viviendas habitadas ahora apenas quedan 15. La buena noticia es que el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid acordó la apertura de diligencias previas y la citación como imputados de varios directivos y empleados del fondo Elix Rental Housing. Por primera vez en nuestro país, un fondo buitre se ha tenido que sentar en el banquillo por la presunta comisión de un delito de acoso inmobiliario cuya pena podría llevar aparejada la disolución de la sociedad.

Este proceso no es una anécdota local ni una confrontación aislada entre vecinos y propietarios. Es un síntoma de cómo los derechos básicos —como el de usar y disfrutar de tu propia casa— chocan frontalmente con las lógicas financieras que han dominado el mercado de la vivienda en España durante décadas. La lucha de Tribulete 7 simboliza la resistencia frente a un modelo que, demasiado a menudo, prima la obtención de beneficios por encima de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la integridad física y moral.

Se trata de una acción jurídica pionera que pone el foco en una práctica sistemática y desgraciadamente cada vez más habitual. De hecho, a partir de ella se han sucedido denuncias y querellas similares en todo el Estado.

La querella por acoso inmobiliario no solo tiene valor judicial, sino también político y social. Hasta ahora, la mayoría de conflictos entre inquilinos y grandes propietarios quedaban resueltos en el ámbito civil, sin que se cuestionaran las prácticas de acoso estructurales que empujan a la gente a abandonar sus hogares. Que un juzgado admita a trámite esta acusación colectiva demuestra que el Estado empieza a reconocer la gravedad de estas conductas y su impacto en la vida de las personas. No sabemos si acabarán condenados o no, pero haber llegado hasta aquí es ya un éxito que lanza un nítido mensaje: se acabó la impunidad.

Adquirir bloques enteros de viviendas con la finalidad de revalorizar rápidamente un activo y expulsar a sus ocupantes para atraer perfiles más rentables del mercado —turistas, arrendatarios de corta duración o inquilinos con capacidad económica mayor—, podrá ser un negocio legítimo, aunque profundamente inmoral, en todo caso no todo vale para conseguir la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Hay límites. Y ese límite es precisamente lo que simboliza la lucha vecinal de Tribulete 7.

Estos días atrás leía algunas noticias sobre cómo en Cataluña, el Govern empujado por los Comuns y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, anunciaban un acuerdo para limitar la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas. Bajo este pacto, los grandes tenedores —aquellos con cinco o más inmuebles— no podrán adquirir viviendas con fines netamente especulativos en los municipios donde los precios están fuera de control, salvo que vayan a ser usadas como residencia habitual o edificios completos destinados a alquiler regulado. Si esta iniciativa, que aún debe traducirse en ley, hubiera existido en Madrid y otras zonas hace años, casos como Tribulete 7 no habrían tenido lugar o, al menos, habrían sido mucho menos probables.

Acabar con la especulación inmobiliaria debe ser el objetivo número uno de cualquier gobernante y requiere poner en marcha, favorecer y facilitar todas las herramientas que existen: institucionales, judiciales y vecinales. Las Administraciones Públicas pueden y deben actuar de forma contundente contra este tipo de prácticas y por qué no, como plantea el Sindicato de Inquilinas, comprar el edificio, desmercantilizarlo y que pase a formar parte del parque público de vivienda. Eso sí que sería una verdadera acción disuasoria contra este tipo de prácticas. Hay precedentes como Casa Orsola, en Barcelona.

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Recordemos que la batalla de Tribulete 7 no se está librando sólo por el subjetivo y legítimo derecho a la vivienda de cada uno de sus vecinos y vecinas, sino por el derecho de todos a vivir en ciudades donde la especulación inmobiliaria no determine las reglas del juego.

Cuando un grupo de vecinos y vecinas logra sentar ante un juez a los responsables de un fondo de inversión por prácticas que claramente buscan desplazarles de forma agresiva, algo está cambiando.

Tribulete 7 es una lección de colectividad, organización y resistencia. Tomemos nota.

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