En pleno centro de Madrid, en la calle Tribulete número 7, se está escribiendo una página en la historia de la defensa del derecho a la vivienda. Lo que comenzó como una resistencia vecinal más frente a un fondo de inversión vinculado a Esperanza Aguirre, tras la adquisición del bloque hace dos años se ha convertido en la primera acción judicial colectiva por acoso inmobiliario capaz de sentar en el banquillo a un fondo buitre.   

Las vecinas y vecinos de este bloque de viviendas organizadas en el Sindicato de Inquilinas, llevan más de dos años denunciando "mobbing inmobiliario": obras y ruidos insoportables, cortes de luz, goteras, grietas en las paredes, inundaciones, caída de cascotes y techos y todo ello acompañado de amenazas indirectas de mediadores que día tras día les recuerdan que se tienen que marchar sí o sí,  y un goteo e incesante número de desalojos forzosos disfrazados de "acuerdos" que compelen a los vecinos a aceptar el dinero e irse. Una estrategia que pasa, por un lado, por hacerles la vida imposible a través de la ejecución de unas obras insoportables que literalmente les está generando un "entorno torturante" y por otro, por la de ofrecerles ingentes cantidades de dinero para "facilitar" su marcha. Los "acuerdos" son siempre confidenciales e individuales, claro.

Lamentablemente, la estrategia ha funcionado. De las 55 viviendas habitadas ahora apenas quedan 15. La buena noticia es que el pasado mes de octubre el........

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