‎Durante varias semanas, buena parte del debate público estuvo concentrado en dos preguntas. La primera era si el conflicto lograría seguir creciendo e incorporar nuevos actores capaces de modificar la correlación política de fuerzas. La segunda giraba alrededor de la capacidad del Gobierno para responder a una movilización que continuaba generando importantes afectaciones económicas y sociales, así como sobre la conveniencia o necesidad de recurrir a medidas extraordinarias como el estado de excepción.

‎Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días parecen haber mostrado una dinámica distinta a la que dominó gran parte de esas discusiones.

‎Antes de la aprobación del estado de excepción, la movilización ya enfrentaba crecientes dificultades para expandirse. Los bloqueos mantenían capacidad de afectación económica y social, pero encontraban límites cada vez más evidentes para ampliar su alcance territorial y sumar nuevos sectores. Algunos actores comenzaban a tomar distancia de la confrontación, los puntos de bloqueo mostraban una tendencia descendente y la movilización se concentraba progresivamente en aquellos espacios donde los sectores más radicalizados conservaban mayores niveles de cohesión y capacidad organizativa.

‎En ese contexto se produjo la aprobación del estado de excepción. La medida modificó el escenario y contribuyó a acelerar procesos de repliegue que ya comenzaban a manifestarse, pero resulta difícil entender la reducción de la conflictividad únicamente a partir de esa decisión. Cuando fue aprobada, el conflicto ya........

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