Hay documentos que se leen y documentos que se sufren. El pliego petitorio que la Central Obrera Boliviana presentó el 15 de junio de 2026, bautizado con la grandilocuencia característica del género como “Agenda Mínima para un Gran Diálogo Nacional”, pertenece decididamente a la segunda categoría. No por su densidad intelectual —de eso, lamentablemente, adolece en cantidades industriales— sino por la proeza retórica de presentar la derrota como victoria, el agotamiento como fortaleza y la rendición negociada como conquista histórica. En el olimpo de la pirotecnia verbal boliviana, este documento merece, al menos, medalla de plata.

Conviene recordar el contexto, porque el contexto, en política, lo es todo. La COB emerge de 47 días de bloqueos que paralizaron rutas, encarecieron la vida, destruyeron cadenas productivas y costaron al país, según estimaciones conservadoras 2.500 de millones de dólares en actividad económica perdida. Una organización que se presenta como defensora del pueblo trabajador organizó, con ejemplar coherencia, el desabastecimiento de ese mismo pueblo. Tras semanas de resistencia gubernamental y un costo social descomunal pagado por los más vulnerables, no precisamente por los dirigentes sindicales,  la COB llega ahora a la mesa de negociación. Y llega, naturalmente, exigiendo. Porque en la gramática política boliviana, la derrota siempre se redacta en modo imperativo.

Punto 1. Derechos Humanos, Garantías Orgánicas y Pacificación: o el arte de pedir impunidad con vocabulario constitucional

El primer punto del pliego es, sin duda, el más audaz intelectualmente. Requiere una gimnasia conceptual considerable presentar como “garantía de derechos” lo que en términos jurídicos elementales constituye una solicitud de amnistía para quienes cometieron actos tipificados como delitos. Se exige el cese de la “criminalización de la protesta” y la liberación de los “presos políticos”. Traducido del eufemismo al castellano llano: se pide impunidad política y jurídica para la decena de ilícitos documentados durante los bloqueos, desde el ataque a instalaciones públicas hasta agresiones a personas.

La demanda de prohibir las acusaciones de terrorismo o narcotráfico “sin pruebas individualizadas” suena razonable hasta que uno recuerda que precisamente la individualización de pruebas es lo que los tribunales intentan hacer, no la COB. La organización parece confundir el principio de presunción de inocencia ,que nadie niega, con el derecho a la impunidad preventiva, lo cual es un avance jurisprudencial que no encontrará respaldo ni en Montesquieu ni en la Constitución que el propio documento invoca con tanta frecuencia.

En cuanto a la Ley Antibloqueos: oponerse a una norma que ni siquiera estaba formalmente en agenda legislativa es el equivalente político de derribar molinos de viento. Cervantes lo llamó locura; la COB lo llama “defensa de la protesta social”. Interpretaciones hay para todo.

Y sobre el racismo: es un fenómeno estructural real, de raíces históricas profundas, que merece un tratamiento serio. Pero reducirlo a un decreto coyuntural, ignorando que en los recientes conflictos el racismo fluyó en ambas direcciones con una simetría incómoda para todos, no es análisis; es propaganda. La COB descubrió el racismo estructural exactamente en el momento en que le resultó útil invocar.

Punto 2. Cumplimiento de Compromisos y Control Social: o la ley como sustituto de la realidad

Este punto merece el Premio Nacional de Fetichismo Jurídico, si tal distinción existiera. La COB propone que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que obligue al gobierno a cumplir sus promesas electorales. La idea, conviene detenerse a contemplarla en toda su magnitud,........

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