Como es sabido, el 23 de agosto se cumple el aniversario de la matanza de Valcaldera en la que una cincuentena de republicanos e izquierdistas, trasladados desde la cárcel provincial de Pamplona en autobuses, fueron asesinados por milicianos requetés y falangistas. Fue la segunda mayor después de la saca de Tafalla/Monreal de octubre. Paralelamente, aquella misma tarde tuvo lugar una magna procesión en la que desfilaron todas las autoridades civiles y eclesiásticas, así como representantes de numerosas organizaciones, organizada por Eladio Esparza, subdirector de Diario de Navarra y, junto con Francisco López Sanz, director este último de El Pensamiento Navarro, delegado de prensa de los Requetés. Esa procesión confirió a aquella carnicería una dimensión simbólica notoria de rito de castigo y expiación, del todo asumida y consciente por los jefes militares y para los dirigentes carlistas y falangistas. Y también por el obispo y su entorno que entonces proclamaron abiertamente el carácter cruzadista de la contienda y que enviaron a varios sacerdotes a hacer de confesores, entre ellos a Antonio Añoveros, posteriormente obispo en el franquismo. En diferentes libros, artículos de revista y artículos de prensa ya me he referido a cómo transcurrió aquel asesinato colectivo, siendo mi labor facilitada por la existencia de fuentes claras y rotundas, la principal las memorias de Galo Vierge, que recogían los recuerdos de Honorino Arteta, el único sobreviviente, pero también otras añadidas como testimonios recogidos por Jimeno Jurío, una carta del propio Arteta a la que accedimos a través de un familiar, e informaciones de prensa complementarias.

Hoy me voy a referir a una cuestión entrelazada, el de la gestión institucional de la memoria en relación con ese hecho. Dicho........

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