Esta semana, el secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, Kino Martínez, en su comparecencia en la ponencia de la Reforma Fiscal de las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha puesto encima de la mesa un asunto de enorme transcendencia para el territorio que, a pesar de que viene de muy lejos y que durante ese tiempo no haya habido ninguna reparación al respecto, no por ello deja de tener actualidad, por encima de alguna intencionalidad política conducente a soslayar la cuestión.

Martínez no descubrió nada nuevo al referirse a la “desigualdad de trato” que sufre Gipuzkoa respecto a otros territorios vascos, en particular de Bizkaia, en lo que se refiere al destino de los impuestos que pagan los guipuzcoanos para sostener la Administración Pública Común Vasca y su estructura de empresas, fundaciones y entidades. El 32,8% que es el peso que, en términos demográficos, tiene Gipuzkoa en el conjunto de la CAV no tiene su traslación en la misma medida. Un diferencial del que se aprovechan los otros dos territorios.

No se trata del permanente agravio entre Bizkaia y Gipuzkoa y el consiguiente correlato de descalificaciones y rechazo por parte de los interpelados sin querer entrar en el fondo de la cuestión, sino de unos hechos constatables que tienen mucho que ver con un modelo de país que nada tiene que ver con el que se pretendía hace 45 años en términos de equidad y equilibrio entre los tres territorios que componen la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Hace ocho años, me refería a esta cuestión en un Quousque tándem! publicado el 29 de mayo de 2016, sin que la situación no solo haya revertido, sino que, durante este período de tiempo, se han producido algunas nuevas incorporaciones y nuevos hechos que denotan una desigualdad territorial en la presencia de la estructura de sociedades públicas vascas en todas sus formas.

Hasta tal punto el desequilibrio era tan llamativo, en lo que se refiere a........

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