muchas veces el discurrir frenético de la actualidad, máxime en una situación de convulsión política como la que vivimos, donde todo parece girar en torno a si la ley de Amnistía alcanza o no a los dirigentes de Junts, Carles Puigdemont y Laura Borrás, olvidándose de que hay 1.200 personas pendientes de que sus procesos judiciales se paralicen o no, hace que acontecimientos de gran peso político no se vean reflejados o pasen desapercibidos.

Esto es lo que ha ocurrido hace unos días con la sentencia del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, ha respaldado la competencia de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra para gestionar y efectuar los pagos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en sus territorios.

El fallo, que rechaza un recurso de Vox en contra de este traspaso, por cuanto, en su opinión, suponía “la ruptura de la caja única de la Seguridad Social”, significa abrir la puerta a que el Gobierno español transfiera sin ninguna rémora al Ejecutivo vasco el régimen económico de la Seguridad Social, una de las competencias históricamente más demandadas por Ajuria-Enea y que forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que han firmado el PNV y el PSOE. Esta reivindicación, que explícitamente se recoge en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, siempre ha chocado de frente con la oposición sistemática de todos los partidos y sindicatos españoles. Todos ellos coincidentes en el mismo sambenito: la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Al margen del recurso presentado por Vox, el PP también se mostró en contra de la transferencia de la gestión del IMV al Gobierno Vasco, al presentar una moción en contra en el Senado. También dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno español, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han expresado su posición negativa con el acuerdo, al recordar que el proceso para que este país pueda tener esa competencia iba a ser difícil y complejo. Toda........

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