Una de las características esenciales de los cárteles del crimen organizado internacional es, precisamente, su capacidad para penetrar no solo en las instituciones públicas, sino también en los propios órganos de poder –Judicial, Ejecutivo y Legislativo–, del Estado.

En Bolivia, de manera particular, esa penetración habría alcanzado también a determinadas estructuras sindicales de los denominados “movimientos sociales”.

Como actores no estatales de alcance transnacional, son organizaciones o redes criminales estructuradas para obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas. Algunas mantienen estructuras jerárquicas y centralizadas; otras funcionan mediante redes flexibles, alianzas y células especializadas.

De una revisión de la literatura especializada sobre el crimen organizado transnacional podemos identificar algunas características fundamentales: operan en varios países; acumulan enormes recursos económicos; construyen redes logísticas, financieras y comerciales transfronterizas; corrompen a funcionarios, policías, jueces y autoridades políticas; penetran instituciones públicas y, en determinadas circunstancias, consiguen influir en decisiones gubernamentales.

Parece coincidencia, pero buena parte de lo que se acaba de señalar está sucediendo en Bolivia.

Estos grupos no solamente desafían al Estado desde afuera, sino que también buscan penetrar sus instituciones desde adentro. La corrupción institucional y la captura de espacios........

© Los Tiempos