Que el presidente de la Cámara de Senadores argumentara, el 25 de febrero recién pasado, que el Legislativo está privado de ejercer sin cortapisas su obligación y derecho de fiscalizar al Gobierno, porque debe acatar la determinación de un exjuez que hoy se encuentra preso, acusado con pruebas de ser parte de un consorcio criminal, demuestra que el sistema democrático del país se sostiene a pesar y en contra de quienes ocupan el rol de sus máximos representantes y no gracias a ellos. Nada nuevo bajo el sol.

El justificativo de quien ocupa el segundo lugar en la sucesión presidencial para cerrar la vía a una interpelación es tan aberrante que el propio Órgano Ejecutivo ha sentido la necesidad de corregirlo, implícitamente, al señalar que la interpelación no podía llevarse a cabo por fallas de procedimiento, al no haberse cumplido pasos previos indispensables, como señala el protocolo y reglamento del Legislativo.

El estrepitoso silencio de las bancadas y los legisladores, de manera individual, que aparentemente no se dieron cuenta de que el argumento del presidente de la Cámara Alta representa un aval a las atrocidades constitucionales cometidas por el........

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