Desde 2006, el régimen masista arremetió contra el Poder Judicial de la república, con juicios de responsabilidad sin base y con una campaña de desprestigio de los altos magistrados por supuestos actos de corrupción, a decisión de los asesores extranjeros de Morales y sus secuaces. Sabían que los magistrados, personas decentes y juristas de prestigio, preferirían renunciar a sus cargos y no soportar la difamación y las calumnias, y eso fue lo que pasó.

Se paralizó al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema y a los niveles departamentales de justicia. El sistema judicial entró en crisis y perdió su independencia con la elección de magistrados por voto popular, vía para el ingreso de los peores, con aval directo del “jefazo”.

Lo mismo pasó con el Ministerio Público. A la amenaza de juicios de responsabilidades y al desprestigio, el régimen sumó la creación del Viceministerio de Transparencia que definía qué casos investigar bajo amedrentamiento a los fiscales insumisos y el sabotaje policial que impidió el trabajo investigativo de las fiscalías.

La Ley Orgánica del Ministerio Público de 2012 terminó la tarea. La institución de defensa de la sociedad se convirtió en instrumento de persecución política, con carta blanca para el........

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