Bolivia atraviesa una crisis que ya dejó de ser una simple protesta social para convertirse en un abierto desafío al Estado y al orden constitucional. Mientras decenas de carreteras permanecen bloqueadas, regiones enteras viven parcialmente aisladas, el abastecimiento comienza a deteriorarse y la economía pierde millones de dólares diariamente, el gobierno de Rodrigo Paz continúa atrapado en una política de indecisión, diálogo estéril y temor político. El país observa con creciente indignación cómo grupos organizados paralizan la nación sin enfrentar consecuencias reales, mientras el Ejecutivo insiste en actuar como mediador pasivo en lugar de ejercer la autoridad que la Constitución le otorga.

Las pérdidas económicas son enormes. Sectores productivos y empresariales calculan daños de decenas de millones de dólares diarios, afectando transporte, exportaciones, comercio, turismo y abastecimiento nacional. También existen muertos, heridos, enfrentamientos, ambulancias retenidas y ciudadanos atrapados durante días en rutas tomadas. Pero el problema central ya no es solamente económico o humanitario. El problema real es político e institucional: el Estado está perdiendo control territorial frente a organizaciones radicalizadas que han decidido imponer sus objetivos mediante coerción, miedo y asfixia nacional.

Los bloqueos actuales no son espontáneos ni aislados. Forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por el evismo y sectores sindicales radicales que buscan derrocar al gobierno que carece de capacidad para gobernar el país. Cada carretera tomada, cada ciudad........

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