La reciente admisión del recurso de nulidad contra disposiciones de la Ley de la Abogacía en Bolivia ha vuelto a abrir un debate que durante años se evitó enfrentar con seriedad, ¿quién tiene realmente la autoridad para habilitar el ejercicio profesional de un abogado en el país?

Detrás de esta discusión jurídica aparece una realidad incómoda, durante mucho tiempo, los colegios de abogados han pretendido ejercer un control corporativo sobre la profesión, imponiendo registros obligatorios, pagos periódicos y requisitos administrativos que, en la práctica, terminan convirtiendo el ejercicio profesional en una relación de dependencia económica frente a estas entidades.

Seamos claros, el Estado boliviano, a través de las universidades públicas y privadas autorizadas, otorga el título en provisión nacional, documento que acredita la formación profesional y habilita legalmente a una persona para ejercer su profesión en todo el territorio.

Esa es la........

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