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Una ley de suelo sin brújula territorial

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20.10.2026

Comparación entre zonas inundables según la cartografía de peligrosidad y las zonas inundadas el 29-O. / UV

El pasado 16 de octubre tuve la oportunidad de comparecer ante la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Corts para valorar el proyecto de ley del Suelo de la Comunitat Valenciana. Quiero empezar por señalar aquello en lo que coincido. El texto refundido de 2021 acumula tantas reformas que el propio proyecto lo describe como un “cuerpo legal fragmentado”, y los plazos para aprobar un plan general son excesivos. El proyecto acierta, además, al incorporar el riesgo de inundación y el de incendio forestal como criterios para crecer. También endurece la disciplina: duplica hasta ocho años la prescripción de las infracciones muy graves. Tras la dana, estamos hablando de un avance. La pregunta, sin embargo, no es si hay que agilizar, sino qué se pierde por el camino. Mi respuesta cabe en tres ideas: menos evaluación, menos participación y menos territorio.

La ley que se deroga se llamaba de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. La nueva se llama, simplemente, del Suelo. No es un capricho de juristas: el propio Consell Jurídic Consultiu ha sugerido reconsiderar el título. Los nombres expresan prioridades, y este anuncia una suerte de mudanza: del territorio como un sistema que ordenar al suelo como el mero soporte de la actividad económica.

La cuestión se evidencia en el plan general, que debe definir el modelo de desarrollo de cada municipio. Hasta ahora fijaba umbrales vinculantes de población, suelo y agua. El nuevo plan general es meramente enunciativo, sin mayor alcance: no fija la edificabilidad ni el aprovechamiento urbanístico, ni siquiera con carácter orientativo a la espera de los estudios de mercado. Las decisiones sobre cuánto y dónde se crece bajan a los planes parciales, de aprobación municipal y, en su gran mayoría, de iniciativa privada. Solo si el crecimiento supera el 30 % habrá que rehacer el plan general de nuevo: un contrapeso real, pero sin duda tardío. Tampoco es menor que, en las comparecencias de las Corts, promotores y agentes urbanizadores reconocieran haber contribuido a redactar la ley. Uno se pregunta dónde quedó la función social y pública que la Constitución le atribuye al urbanismo.

Lo mismo ocurre con la evaluación ambiental. Antes era........

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