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Tras años de debate, la Asamblea Nacional francesa aprobó recientemente una ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. Con ello, escribió Le Monde en su editorial del 15 de julio, “se ha dado un paso decisivo para que la sociedad francesa asuma el control del miedo supremo de todo ser humano –el miedo al sufrimiento insoportable en el momento de la muerte– y la conquista de una nueva libertad, la de elegir el fin de la vida independientemente del Estado o de las religiones”. Francia se convierte así en el sexto país europeo en legalizar o despenalizar dichas prácticas.

Se trata ciertamente de un debate muy necesario que por distintas razones en México ha transitado con demasiada lentitud y con unos pocos avances en media docena de estados. Por ejemplo, en 2009 el Congreso de Aguascalientes aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, también llamada de eutanasia pasiva, mediante la cual una persona que padezca una enfermedad terminal decida libremente someterse o no a tratamientos médicos que puedan prolongar su agonía, salvaguardando en todo momento su derecho a una muerte digna. En 2024 se intentó ir más allá tratando de reformar la constitución local para avanzar en el tema, pero sin éxito.

Sin embargo, la eutanasia activa y el suicidio asistido siguen prohibidos y penalizados por la legislación estatal y federal. Es hora de retomar la reflexión sobre este tema tan sensible porque México, con casi 15 millones de personas de 65 años y más, ya ingresó en el horizonte imparable del envejecimiento y sus efectos sociales, psicológicos, emocionales y de salud, sin estar enteramente preparado para afrontarlos.

Esa realidad obliga a preguntarnos, entre otras cosas, si existe tal cosa como el derecho a que una persona decida cuándo morir. En principio, me inclino a pensar que sí y, aunque es un tema de intensa discusión entre ética, ciencia y religión, quizá no pase mucho tiempo para ver una determinada comprensión cultural y legal de las modalidades mediante las cuáles una persona pueda poner fin a su vida en condiciones dignas, reconociendo quizá, con la frase de Julian Barnes, que “la iglesia y la ley llevan demasiado tiempo fomentando la indignidad”.

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