Durante los últimos tres meses, como si se tratase de un entendido común para todos los implicados y grupos sociales, la justicia transicional se ha convertido en uno de los puntos centrales en todo debate alrededor de Siria. La frecuencia con que es mencionada en decenas de cumbres y encuentros diplomáticos, reuniones académicas y políticas, en discursos y análisis al interior o fuera del país, trae consigo, por cuestión de principios, una connotación positiva.

Muchas de aquellas discusiones sobre Siria han ocurrido durante los hallazgos del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

De forma natural, ambos países comparten elementos que se deben templar con la realidad política de cada uno. Si bien las situaciones no son equivalentes, desde los entendidos básicos de justicia transicional no veo exceso al sugerir que Siria, tras catorce años de guerra, admite mejores pronósticos. Tanto en aquello que se encamina hacia un ejercicio de memoria colectiva como en el conocimiento de la verdad atrás de su tragedia.

En México, con dimensiones tan distintas como angustiantes, por sus múltiples crisis de violencia, desde hace tiempo la justicia transicional ha poblado las conversaciones que intentan comprenderlas y darles soluciones. Sobre todo, a través de voces dedicadas a los derechos humanos.

El concepto de justicia transicional, relativamente reciente, que propone una serie de mecanismos diseñados para que países bajo una situación de violencia extrema transiten a una etapa sin ella y, en simultáneo, puedan reconstruir sus sociedades, es difícilmente rebatible.

Uno de sus instrumentos permite servir de ejemplo. Frente a la imposibilidad de observar cada abuso, desaparición, tortura, encarcelamiento, cuando el número de estos es inmanejable, se opta por mecanismos capaces de ofrecer un piso mínimo de justicia a la mayor cantidad de personas. No se ve cada crimen en particular, sino el conjunto de estos.

Los esquemas varían de lugar a lugar, aunque comparten una........

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