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Hace apenas unas semanas se hizo público un informe del Fondo Monetario Internacional sobre las consecuencias económicas de la amenaza secesionista catalana; su autor, Nicolas Verón, se sorprende de que debatamos en España asuntos propios del siglo XVIII. Y no le falta razón. Pero quizá este economista nos esté dando involuntariamente una pista sobre las posibles soluciones al problema, una vez constatado que el problema existe. Y ello aunque la causa que lo provoque –una desagradable ideología nacionalista empeñada en nacionalizar a la fuerza la sociedad sobre la que se proyecta– pueda producirnos el mayor de los rechazos y sea difícilmente compatible con los principios básicos de una democracia liberal pluralista.

Ahora bien, ¿es que el siglo XVIII tiene algo que enseñarnos cuando de afrontar el problema catalán se trata? Pudiera ser. Recordemos que el orden civil europeo se encontró con un formidable conflicto religioso tras el éxito de la Reforma auspiciada por Lutero, cuyas consecuencias culturales se proyectan hasta hoy. Y que esa brecha político-religiosa solo pudo salvarse desactivando, precisamente, la potencialidad política de la religión. De acuerdo con la noción de tolerancia propuesta por Locke en su Carta de 1689, cuyos frutos rendiría el siglo siguiente, los ciudadanos han de aceptar sus respectivas diferencias religiosas y el Estado ha de renunciar a promover ningún credo específico. Esta noción conduciría, andando el tiempo, a la idea de que las autoridades públicas han de ser neutrales respecto de las concepciones del bien y no instigar en sus ciudadanos ninguna moralidad concreta. Los........

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