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La discusión pública sobre la reforma electoral se ha dividido en dos posiciones. Una la examina como un rediseño institucional con riesgos importantes, pero dentro de un marco aún democrático. La otra la entiende como una operación orientada a consolidar control político. Ambas coinciden en la alerta, aunque difieren en el diagnóstico.

Hay una tercera forma –más exigente– de evaluarla: no desde las intenciones, sino desde sus efectos. Una democracia necesita dos condiciones simultáneas: certeza en el proceso e incertidumbre en el resultado. Certeza significa reglas claras, árbitro profesional, información verificable y ejecución técnica sólida. Incertidumbre significa que nadie –incluido quien gobierna– tenga garantizado el triunfo por diseño.

El gobierno hizo público un Power Pointcon los ejes generales de la reforma. Ahí se agrupan cambios diversos: ajustes en la integración del Poder Legislativo, modificaciones al sistema de representación, recortes estructurales al aparato electoral y nuevas reglas operativas para la jornada y el cómputo. Son muchas piezas. Aquí me concentraré en algunas que inciden directamente en la competencia y en la certeza del proceso, porque es ahí donde se define algo más que un ahorro administrativo: se define la calidad de la alternancia.

La representación proporcional no existe para adornar la pluralidad. Existe para corregir la distorsión del sistema mayoritario. En 2024, con 54% de los votos, la coalición gobernante obtuvo cerca de 72% de los escaños en la Cámara de Diputados –más de 372 de 500 curules–. Esa diferencia de veinte puntos porcentuales entre voto y representación ha permitido reformas constitucionales sin negociación sustantiva. El mecanismo actual compensa, al menos parcialmente, esa distorsión. Si la bolsa de escaños proporcionales se reduce o se........

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