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La detención de José Alberto Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, no debería leerse únicamente como un expediente penal ni como un episodio local. Ocurre en un momento preciso: mientras el gobierno de la República discute cambiar las reglas de la competencia política y redefine, a su favor, los márgenes de la representación democrática. Cuando hechos como este coinciden con una arremetida discursiva contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –acusada de “propaganda política” por publicar un libro académico incómodo–, la pregunta deja de ser individual o jurídica y se vuelve institucional: ¿qué lugar ocupan hoy las universidades públicas en un régimen que busca reorganizar el poder político sin contrapesos?

El caso Campeche obliga a una lectura que vaya más allá del expediente. De acuerdo con la información pública disponible, la detención de Abud Flores el pasado 14 de enero estuvo acompañada de cuestionamientos relevantes sobre el debido proceso: traslado del vehículo sin intervención pericial inmediata, dudas sobre la cadena de custodia y controversia en torno al supuesto hallazgo de estupefacientes. No se trata aquí de anticipar culpabilidades o exculpaciones. En un Estado constitucional, la forma es fondo. Cuando los procedimientos se perciben como irregulares, el daño no se agota en la persona........

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