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Parecería que todo ya se ha dicho sobre el caso Rocha Moya. Entre posicionamientos oficiales, columnas de opinión y la verborragia del internet, ya no hay mucho espacio para explorar otros ángulos que no sean la defensa, implícita o explícita, del oficialismo o los señalamientos de hipocresía y acusaciones de encubrimiento criminal. Hasta ahora, la política local de Sinaloa, sus dinámicas propias, su funcionamiento y su historia, no son las protagonistas de la coyuntura. Es la posible extradición del exgobernador la que ha capturado la atención.

Parecería que por lo inusitado de la circunstancia (es decir, que el Departamento de Justicia haya decidido acusar en una corte de su jurisdicción a un político mexicano en funciones), todo es enteramente nuevo. No importa que México lleve 165 años de negociaciones y renegociaciones de tratados de extradición con Estados Unidos o que, a lo largo de tres tratados distintos, la relación bilateral en cuestiones de extradición haya pasado por momentos de tensión e incluso violencia. Revisar la historia de la extradición México-Estados Unidos no nos va a dar la respuesta sobre qué debe hacer el gobierno federal para desactivar la crisis actual en Sinaloa. Pero, tal vez, pueda sugerir una posible interpretación histórica y, por ende, política y legal, de cómo fue que se llegó a este punto.

Contrario a lo que la equivalencia entre extradición e injerencia extranjera haría pensar, fueron los congresos locales de Coahuila y Tamaulipas los que, en 1849, pidieron al gobierno federal que se celebrara un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Después de la invasión estadounidense, los gobiernos fronterizos tenían que lidiar con tres problemas: las incursiones violentas de desertores y exsoldados gringos que quedaron varados en la frontera; los ataques comanches y la indiferencia de Estados Unidos por rescatar a las personas que eran tomadas como rehenes; y, por último, la fuga de personas esclavizadas de los estados sureños a los del norte de México. Los dos primeros problemas tuvieron que esperar a la construcción del ferrocarril y la “pacificación” de la frontera casi cincuenta años después. El tercero, sin embargo, jugó un papel clave en la negociación del primer tratado de extradición.

Si, como parece ser la tendencia actual, la historia es solamente la colección progresiva de momentos de orgullo nacional, acá hay uno de ellos. En 1850, John Clayton, secretario de Estado, condicionó el envío del tratado al Senado a que México incluyera un artículo que obligara a ambos países a regresar “fugitivos”: esclavos que cruzaban la frontera con México, pero también trabajadores de haciendas mexicanas que huían a Estados Unidos escapando del pago de deudas. Luis de la Rosa, entonces ministro de Relaciones Exteriores, no cedió a las presiones y se negó a siquiera pedir al Congreso mexicano que revisara el que era, posiblemente, el logro constitucional más importante de la independencia: la abolición formal de la esclavitud.

Las tensiones entre estados esclavistas y no esclavistas impidieron que un primer borrador del tratado se discutiera en el Senado de Estados Unidos. Además, el número total de personas esclavizadas que cruzaban la frontera hacia México era bajo si se comparaba con aquellas que cruzaban la línea Mason-Dixon hacia los estados del norte.1 El problema de los fugitivos era, para los estados del norte y del sur, un problema específicamente de los esclavistas y las plantaciones tejanas, no de Estados Unidos.

La situación cambiaría de forma radical con la guerra civil estadounidense y la segunda intervención francesa en México. El año de 1861 trajo consigo una nueva oportunidad para celebrar un tratado de extradición. Con los estados sureños fuera del Senado y con una clase política mexicana unida bajo el consenso de que los esclavistas tejanos eran los responsables de la independencia de Texas y la guerra del 47, Matías Romero logró negociar un tratado de extradición –el primero de México– que no incluía un artículo que obligara al retorno de aquellas personas que, al cruzar la frontera, dejaban de ser esclavizadas. La existencia de un tratado abría un espacio de maniobra política y jurídica hasta entonces inexistente. El propio Juárez, por ejemplo, utilizó el tratado de extradición para negociaciones diplomáticas. A cambio de no intervención en la frontera y de protección contra ataques comanches, ofreció no extraditar soldados confederados escondidos en México.2 La tinta aún estaba fresca y........

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