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El 16 de julio pasado, el secretario de Estado Marco Rubio convocó en Washington a representantes de 66 países para la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, un foro diplomático dedicado a lo que la administración estadounidense describe como un “punto ciego” en las estrategias globales de contraterrorismo: la violencia política organizada de extrema izquierda. Es posible examinar el mensaje y legado de este evento analizando los comunicados y discursos expuestos en el mismo.1

La pregunta que organiza este análisis no es si la violencia política de extrema izquierda existe –existe, aniquila vidas y está documentada– sino si el diagnóstico, el lenguaje y las prioridades desplegadas en este foro son proporcionales a la evidencia y consistentes con los estándares que se aplicarían, con el mismo rigor, a cualquier otro extremo del espectro político. Para quienes hemos dedicado numerosos textos e intervenciones a desenmascarar el uso intencionalmente superficial y sesgado de las nociones de “ultraderecha golpista” y “extrema derecha” por buena parte de parte de la academia y gobiernos izquierdistas de Occidente, la presente reflexión responde a un imperativo de elemental coherencia política, intelectual y ética.

De diagnósticos y evidencias

Los comunicados del Departamento de Estado configuran una narrativa coherente y con cierto sustento operativo. Desde noviembre de 2025, Washington designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados a cuatro grupos violentos de extrema izquierda –Antifa Ost (Alemania), la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI; Italia) , Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria (ambas de Grecia)–, ofreciendo recompensas de hasta diez millones de dólares por información sobre sus mecanismos financieros. En mayo de 2026 organizó un primer taller práctico de cooperación policial (CTLEW) con catorce países, y la  reunión ministerial de julio buscó ampliar ese andamiaje mediante intercambio de inteligencia, restricción de desplazamientos y cooperación en materia de infraestructura crítica. Esta capa operativa se inscribe dentro de prácticas estándar de cooperación antiterrorista internacional y responde a organizaciones con historiales verificables de violencia, como el FAI/FRI, activo con atentados documentados en Europa desde hace más de una década.

Sobre esa base institucional se superpone, sin embargo, una capa retórica de mayor alcance. En su discurso inaugural, Rubio sostuvo que la sola posibilidad de que el terrorismo de extrema izquierda constituya una amenaza seria se trata en la opinión pública, según sus palabras, como “un delirio de derecha” o “una conspiración fascista peligrosa”. Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, por su parte, calificó las apelaciones a las libertades civiles como una táctica “deshonesta” para eludir la sanción penal y llegó a decir de los manifestantes antifa que “ninguno… luce como una persona normal”, instando a la audiencia a “confiar en sus instintos”.

Un primer punto a destacar es la definición del problema. La tan cuestionada Antifa, por ejemplo, es una denominación paraguas sin estructura ni liderazgo centralizado conocido; de las cuatro organizaciones designadas en 2025, solo una se identifica explícitamente con ese movimiento, sin que existan vínculos demostrados entre los grupos extranjeros designados y activistas en Estados Unidos. Presentar esta constelación difusa como una “red global” con financiamiento y organización comunes es una afirmación que excede, en rigor probatorio, lo que se ha hecho público. Por otro lado, pese al énfasis declarado en el carácter transnacional del fenómeno, los ejemplos centrales invocados en los discursos –los........

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