Salomé Pradas, que era consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre del año pasado, cuando se desató la dana que causó 227 víctimas mortales, así como su número dos, Emilio Argüeso, han sido citados a declarar como investigados por Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja (Valencia).

Pasados casi cuatro meses y medio desde que se produjeron las mortíferas riadas, periodo durante el cual el Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, ha tratado de eludir responsabilidades, a la vez que las atribuía a servicios técnicos estatales por haber informado, según su opinión, de modo inadecuado, la decisión de la jueza marca un antes y un después. Y lo hace con una contundencia manifiesta.

Dice en su escrito la instructora: “El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni en si la información venía de órganos dependientes de la administración central (Confederación Hidrográfica del Júcar o Agencia Española de Meteorología) o autonómica (el........

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