Partamos por una obviedad que frecuentemente olvidamos. La educación gratuita no existe, alguien tiene que pagarla. En el caso de la educación superior, buena parte de las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales participan del “financiamiento institucional para la gratuidad”, política que les prohíbe cobrar arancel al 60% más vulnerable (el 70% en caso de la educación técnica profesional) de sus estudiantes, a cambio de una transferencia de recursos públicos por cada uno de ellos. El valor unitario de esa transferencia se fija en base a costos reportados por las instituciones, y pagado por el Estado a costa de los contribuyentes. Se denomina “arancel regulado”.

Esta fórmula, aceptada con relativa sumisión por el sistema universitario, es un pacto de dependencia con el Estado cuyos resultados se resintieron fuertemente en........

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