El magnicidio de Miguel Uribe Turbay marcó el inicio tenso de las elecciones del 2026. Desde entonces, la hostilidad callejera entre militantes rivales, la radicalización del discurso político y la violencia directa contra candidatos en las regiones donde hacen campaña han convertido esta campaña presidencial y legislativa en una de las más violentas de este siglo.  

Son riesgos que aprietan por dos flancos: mientras en los centros urbanos la polarización ha escalado hasta el vandalismo de sedes de campaña y agresiones verbales entre militantes en las calles, en varias regiones los grupos armados condicionan el voto y quién puede hacer o no campaña. Ya dos candidatos al Congreso han sido secuestrados durante varios días.

“En términos generales estamos seguras de que va a haber votaciones el domingo. Nuestra preocupación muy seria tiene que ver con la libertad de los votantes durante el proceso electoral, especialmente en ciertas regiones del país”, dice la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La radicalización del discurso llega a las calles

En enero, el concejal del Pacto Histórico de Neiva Humberto Perdomo empezó a hacer campaña para invitar a los huilenses a votar por su lista en Cámara y Senado, y también a favor del candidato de izquierda Iván Cepeda. Pero se sorprendió al encontrar insultos y agresiones verbales que amenazaban con volverse físicas mientras él y su equipo entregaban volantes en barrios y calles de su ciudad. 

“Estaba uno de los voluntarios en un barrio en Neiva y uno de los taxistas empezó a agredirlo de manera verbal. Él le respondió. Y en medio de eso, el taxista le sacó un machete para ahuyentarlo. Le decía guerrillero y petrista, que son los señalamientos que generalmente nos han hecho en campaña”, dice Perdomo. Dice que en otra ocasión, cuando hacían campaña en un semáforo, un motociclista intentó dañarles una pancarta que tenían. 

Algo similar ha vivido Jairo Ladino en la otra orilla ideológica. El candidato a la Cámara por Bogotá de Abelardo De La Espriella y el partido Salvación Nacional dice que ha vivido varios episodios de reacciones hostiles mientras volantea en Bogotá. Le tiran los volantes en la cara, se los rompen y se los tiran y los insultos más comunes son “fascista” y “paraco”.  

Estos casos reflejan cómo la polarización política baja a los militantes. “Guerrillero”, “paraco”, “fascista”, se vuelven apelativos para descalificar y estigmatizar a los rivales políticos a partir de prejuicios asociados a los candidatos. 

Pero no solo es un asunto de izquierda y derecha. Otros dos candidatos de centro, uno del Nuevo Liberalismo y otro de la Alianza Verde, cuentan que han sentido miedo haciendo campaña en algunos barrios de Bogotá por el hostigamiento de los militantes del barrio. “Solo Petro, solo Petro”, cuenta un candidato, que pidió no ser mencionado, sobre las arengas que les gritaban a él y a sus colaboradores para impedirles una reunión de campaña en un barrio del sur de Bogotá. A la otra candidata le gritan que por su culpa se hundió la reforma laboral, cosa que ni siquiera es cierta.

“Acá ya es un extremo en el cual efectivamente se utiliza un lenguaje violento, que no solo termina siendo como la grosería o lo tóxico, en ciertos eventos ha habido llamados a actos de violencia. Se evidencian los resultados de esa clase de lenguaje precisamente en esas vandalizaciones a las campañas políticas, daño de propaganda, de vallas”, dice Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE). 

De acuerdo con el monitoreo de la MOE, entre diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026, se han registrado 25 afectaciones a campañas electorales, la mayoría (15) fueron daños a publicidad y seis fueron actos vandálicos contra sedes de campaña. 

El 19 de febrero, a la exdiputada del Huila y candidata a la Cámara por el Centro Democrático por este departamento, Tatiana Méndez, le vandalizaron su sede de campaña en Neiva. Manifestantes convocados por el presidente Gustavo Petro para manifestarse en contra de la suspensión del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, llegaron a su sede de campaña y amedrentaron a los miembros. 

“En la puerta había una caja con publicidad que ya iba a pasar un carro a recogerla para mandar a los pueblos. Lo que hicieron fue romper la caja, regar toda la publicidad. Querían violentar la puerta y entrarse. Tiraron piedras y quebraron vidrios. Yo me siento amedrentada en mi seguridad y en la seguridad de mi hija”, dice la candidata Méndez, que sintió miedo porque estaba en esa sede con su hija de dos años. 

Tras el magnicidio de Miguel Uribe, la Defensoría del Pueblo ha invitado a las campañas a suscribir un compromiso por unas elecciones libres y en paz de nueve puntos. Uno de estos es manejar un lenguaje en el que no haya discriminación, no haya lenguaje de odio, no haya lenguaje inflamatorio, y no se difunda información falsa. Tres candidatos presidenciales dijeron que no lo firmarían: Abelardo De la Espriella, Vicky Dávila y Paloma Valencia. Según la Defensora, el resto se comprometió a hacerlo.

“En nuestro monitoreo hemos encontrado que hay una vulneración al tema de no usar lenguaje inflamatorio y no difundir información falsa. Ahí hay un nivel de cumplimiento bajo en todas las candidaturas, algunas más que otras”, dice la defensora Marín. Dice también que quienes no suscribieron el acuerdo han usado más este tipo de lenguaje que quienes suscribieron el acuerdo. 

“Nuestra posición ha sido no desestimar la correlación que hay entre la violencia política, en el discurso electoral de las campañas y la violencia que hay en los grupos armados”, dice la defensora Marín. 

La violencia armada amenaza más allá del día de las votaciones

La candidata uribista Tatiana Méndez dice que también ha tenido que restringir a que municipios ir a hacer campaña por las presiones de grupos armados.

 “No he podido ir a hacer campaña a municipios como La Plata. Allá realmente la seguridad está muy pesada, entonces pues si uno va es exponerse. A mí me han dicho los mismos pobladores: “no venga, no venga, no venga”. Y si ellos dicen eso es porque están viviendo el miedo y la zozobra”, dice Méndez. En La Plata, hay una presencia fuerte de disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”, que han expandido en esta zona su control territorial desde el Cauca.

Para estas elecciones, la MOE publicó un mapa de riesgo electoral en el que registra 339 municipios en riesgo por violencia, un incremento del 8,7% frente a las elecciones regionales de 2023, ya de por sí violentas. Según las cifras disponibles de la MOE sobre violencia política, durante 2025 se registraron 243 hechos violentos contra líderes políticos. Esto es un 15% más que los hechos violentos contra políticos en 2021. Ambos años son claves para medir la violencia preelectoral del 2022 y 2026.

Este riesgo está marcado justamente por la consolidación y expansión de los grupos armados en varios municipios y territorios del país.

Para garantizar las elecciones, la fuerza pública desplegó a 246 mil uniformados, entre policías y militares. El objetivo, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es garantizar el voto libre en todos los puestos de votación y estabilizar las regiones más críticas: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. 

Sin embargo, para la defensora del Pueblo, Iris Marín, el principal riesgo no está en que las elecciones se puedan realizar sino en que los grupos ilegales presionen el voto y terminen por definir o determinar quienes están participando y quienes no. 

Dice que también han visto inscripciones de cédulas muy altas o atípicas en algunos municipios con gobernanza criminal como Cartagena del Chairá en Caquetá o municipios del Catatumbo. “Esas son presiones directas sobre el proceso electoral”, dice.

Una muestra de cómo el dominio de los grupos armados afecta directamente a las campañas fue lo que ocurrió en el caso del senador y candidato Jairo Castellanos. Su esquema de seguridad fue atacado por el ELN en Fortul, Arauca, cuando los escoltas de Castellanos no frenaron en un retén de esa guerrilla. Castellanos no iba en la camioneta, pero sus dos escoltas fueron asesinados. 

En otras regiones como el Cauca, las disidencias han puesto vallas prohibiendo la entrada de candidatos. En particular, el Frente Dagoberto Ramos puso un pasacalle prohibiendo que políticos del Centro Democrático hicieran campaña en municipios del Norte del Cauca. Es una amenaza directa para la candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, que es del Cauca y que no se puede mover libremente en su departamento, según le confirmó una fuente de esta campaña a La Silla. 

El caso de la candidata Valencia también ilustra las amenazas bajo la que hacen campaña los candidatos a la Presidencia. En su caso, el gobierno nacional ha alertado a la campaña de Valencia al menos cuatro veces de posibles planes en su contra. “Un día nos dijeron que había unas bandas criminales que nos iban a matar ese mismo día. Estábamos en Pereira y a ella le tocó cancelar todas sus giras allá por cuestiones de seguridad”, dice una fuente de su campaña, que pide no ser citada. 

También es el caso del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. De acuerdo a la reportería de La Silla Vacía, Cepeda fue alertado por el gobierno Petro durante su visita a Medellín de que había un plan para asesinarlo en esta ciudad. El candidato de derecha, Abelardo De la Espriella, también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte del ELN y desde su campaña dicen que no pueden ir a Arauca por seguridad pues esta guerrilla ejerce un control férreo en ese departamento. 

Las medidas de seguridad por eso se han redoblado para los candidatos desde el magnicidio de Miguel Uribe. En el caso de Paloma Valencia, copartidaria de Uribe Turbay, pasó de tener dos escoltas a entre 20 y 30. De la Espriella habla desde un atril blindado que le cubre todo el cuerpo, y Cepeda tiene a escoltas con chalecos que lo protegen en tarima de posibles tiradores. La Policía también ha asignado a 643 policías solo para la protección individual de candidatos presidenciales y al Congreso. 

La posibilidad de otro magnicidio no parece algo imposible tras el atentado a Uribe Turbay, pues de acuerdo a las autoridades su asesinato fue orquestado por la Segunda Marquetalia, uno de los grupos armados más débiles del país. Por eso, las alertas y la tensión por la violencia armada están al máximo. Mientras del presidente para abajo se mantiene un discurso hostil contra los candidatos que enarbolan banderas diferentes.

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