Como cualquier institución pública, la JEP y sus integrantes están sujetos al escrutinio público y pueden entonces ser objeto de críticas, las cuales pueden ser muy severas; pueden incluso incluir cuestionamientos personales a los magistrados si han cometido errores o incurrido en conductas indebidas.

Este tipo de críticas es perfectamente legítimo. Otra cosa muy diferente han sido los intentos en estas semanas por destruir la reputación moral de la magistrada Julieta Lemaitre y de los integrantes de la sección de apelación de la JEP. Estos ataques son infames pues carecen de cualquier sustento, como lo muestro en este escrito.

En este escrito me centro en los ataques en contra de la magistrada Julieta Lemaitre por cuanto han sido más sistemáticos y liderados incluso por una senadora que suele ser muy seria en sus planteamientos pero que en este punto lamentablemente ha carecido de cualquier rigor: la senadora María Clara Posada. Comienzo entonces por i) destacar la labor de la magistrada Lemaitre para luego ii) recordar cuál ha sido el ataque en su contra y mostrar que carece de sustento. Luego abordo en forma más breve iii) los ataques contra los integrantes de la sección de apelaciones. Todo este examen iv) me permitirá llegar a algunas conclusiones sobre las críticas legítimas a una institución judicial, como la JEP, y los ataques injustificados.

La labor de la magistrada Lemaitre.

Julieta Lemaitre ha sido la magistrada encargada en la llamada Sala de Reconocimiento de la JEP (SR) de investigar y documentar las atrocidades cometidas por las extintas FARC. Y ha hecho un trabajo extraordinario, gracias a dos factores: primero, a su robusta formación académica interdisciplinaria, esencial para la labor en la SR. Lemaitre no sólo es una abogada con una excelente formación jurídica sino que también tiene una sólida trayectoria investigativa en ciencias sociales, como lo demuestran sus publicaciones en sociología jurídica en Colombia, como su libro de 2009 “El Derecho como Conjuro”, que es ya un clásico en este campo.

Pero no fue sólo esa excepcional formación la que le permitió a Lemaitre cumplir con sus labores en la JEP, sino que, segundo, también ha demostrado en estos años poseer las virtudes judiciales necesarias para el cargo: su imparcialidad y su capacidad de escucha y para acercarse tanto a las víctimas como a los victimarios. Esto permitió que estos últimos no sólo aceptaran contar toda la verdad sino que, además, reconocieran su responsabilidad en esos crímenes y se sintieran avergonzados por ellos.

El 26 de enero de 2021, gracias a su trabajo, la SR de la JEP adoptó una de sus primeras decisiones esenciales: el auto de “determinación de los hechos y conductas” de los crímenes del Secretariado de las extintas FARC en el llamado macrocaso 1 sobre los secuestros de esa guerrilla.

Léanlo y verán como esa decisión, a través del contraste riguroso de diversas fuentes (las versiones de los desmovilizados de las extintas FARC, los testimonios de las víctimas, los informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, etc.), reconstruyó, como no lo había hecho hasta ese momento ninguna decisión judicial, el funcionamiento de las extintas FARC como un temible aparato de guerra.

Léanlo y verán como la SR de la JEP mostró, como no lo había hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que esa organización desarrolló una política sistemática de secuestro para financiar sus operaciones.

Léanlo y verán como ese auto expuso con rigor, como no lo había hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que el Secretariado ordenó a los distintos bloques y frentes que implementaran, sin compasión, esa política sistemática de secuestro, incluyendo asesinar a los secuestrados frente a intentos de rescate.

Léanlo y verán como el auto demuestra también que, como los secuestrados eran un simple instrumento para obtener dinero o para forzar decisiones del Gobierno,........

© La Silla Vacía