La discusión sobre el salario mínimo suele presentarse como un debate técnico o ideológico. También es, aunque se diga menos, una discusión sobre el tipo de Estado que queremos construir: uno que fija normas exigentes pero creíbles, o uno que acumula reglas ambiciosas cuyo incumplimiento termina normalizándose.

Cuando la ley fija un salario que una fracción amplia de la economía incumple, el resultado no es únicamente más informalidad. Es algo más profundo: la erosión de la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias reglas y la consolidación de una cultura en la que la legalidad es negociable.

Este divorcio entre norma y realidad es especialmente problemático en un país donde la informalidad no es una anomalía transitoria, sino un rasgo estructural. Según el Dane, el 55% de la población ocupada es informal, proporción que alcanza el 83% en la ruralidad. En ese contexto, el salario mínimo opera menos como una regla efectiva y más como una simple aspiración.

El reciente aumento del salario mínimo del 23%, cercano a cuatro veces la inflación y decretado tras fracasar el consenso, marca un nuevo punto de inflexión, ampliando aún más la distancia entre el salario mínimo que dicta la ley y el que muchos empleadores pagan en el mercado.

No se trata de proponer un salario mínimo inocuo, tan bajo que no altere nada en el mercado laboral. Si uno va a tener salario mínimo, su razón de ser es precisamente modificar el mercado para mejorar las condiciones de los........

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