El derroche electoral del CNE: $438 mil millones con sobrecostos y favorecimientos
En 2025 el Consejo Nacional Electoral se recargó. La entidad usualmente integrada por políticos reciclados no solo sancionó por primera vez a una campaña presidencial, también empezó a manejar un presupuesto de 1 billón de pesos.
Las luces se las ha llevado la investigación y sanción a la campaña de Gustavo Petro. Pero por debajo, se están derrochando miles de millones de pesos en contratos con la recién estrenada independencia presupuestal de ese órgano.
Esta investigación de La Silla Vacía revela que en un año el CNE ha comprometido 438 mil millones de pesos, casi la mitad de su presupuesto, para hacer algo que, de hecho, ha sido gratis en varias elecciones: acreditar y capacitar testigos electorales.
En medio de este derroche, otras funciones clave, como la vigilancia de los gastos de campañas, funciona en plataformas obsoletas como Cuentas Claras. Con la plata que se está dilapidando sobrepagando los testigos, el CNE podría, incluso, financiar con recursos públicos hasta 11 campañas de candidatos presidenciales, gastando al tope de 37 mil millones permitido para la primera vuelta.
Los contratos de testigos electorales han sido entregados por el presidente de turno del CNE. La feria de plata para los testigos electorales empezó con César Lorduy, hoy candidato al Senado de Cambio Radical. Continuó con Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático y siguió con Cristian Quiroz, de la Alianza Verde, quien llegó al CNE como ficha de Carlos Ramón González, imputado por corrupción y prófugo de la justicia.
Los millonarios recursos han quedado en manos de la misma empresa con potenciales sobrecostos de hasta el triple de lo que se cobra en el mercado. Su nombre es LinkTic SAS y no había tenido una racha similar de contratos con ninguna entidad pública.
“Es una vagabundería lo que está pasando aquí. Montaron un negocio”, dijo a La Silla Vacía uno de los 9 magistrados del CNE que pidió no ser identificado para hablar de la contratación que manejan sus colegas.
Otro magistrado aseguró que aunque ha pedido información sobre esos contratos, no se la han entregado. “Todo es secretismo. Están usando miles de millones y nadie está rindiendo cuentas”.
Detrás de LinkTic está Fernán Ocampo, quien junto con su hermano Bruno, son populares en la comunidad “Tech” de Colombia. Han sido reconocidos por la revista Forbes, son amigos personales del magnate británico Richard Branson y fueron la cara detrás del concierto Venezuela Aid Live promovido en el gobierno de Iván Duque como parte de su fallido cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro.
Las preguntas de La Silla Vacía al CNE fueron contestadas por el actual presidente, Quiroz, y un equipo de funcionarios. Negaron cualquier favorecimiento o sobrecosto dentro de la contratación y aseguraron que lo que están pagando tiene que ver con que contratan una “solución integral” y no servicios independientes. También negaron que oculten información a otros magistrados sobre los contratos porque son de consulta pública.
LinkTic también negó cualquier favorecimiento y aseguró que los “contratos celebrados con el CNE se ha ejecutado conforme a los alcances pactados”.
Sin embargo, el rastro del derroche y los favorecimientos queda plasmado en cientos contratos, informes, certificados y expedientes de cámara de comercio revisados por La Silla Vacía.
El CNE se independizó administrativamente con el gobierno de Gustavo Petro. Hasta el 2022 funcionaba como una apéndice de la Registraduría con un presupuesto anual de 54 mil millones de pesos.
Con un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, que patinaron magistrados como Fabiola Márquez (Pacto) y Altus Baquero (Liberal), el CNE se convirtió en un ente autónomo, administrativa y presupuestalmente. Es decir, con acceso directo a los ingresos sin depender de la Registraduría.
Así, en 2024 el CNE pasó a tener un presupuesto de 224 mil millones de pesos, a lograr en 2025 una caja de un billón de pesos. Casi la mitad de ese monto se ha ido a los testigos electorales.
Su labor es clave para la democracia. Son los delegados de los partidos para vigilar que las elecciones sean limpias y alertar cualquier tipo de irregularidad. Por ejemplo, en 2022 fueron los testigos del Pacto Histórico los que alertaron que al rededor de 500 mil votos no aparecían en el preconteo de las elecciones al Congreso.
Más allá de su rol, gestionar su participación solía ser muy barato dentro del esquema electoral del país. En 2022 todo el sistema de acreditación y la capacitación de testigos electorales costó 9 mil millones de pesos para elecciones de Congreso y Presidencia.
Según explicaron desde la Registraduría, cuando tenían ese proceso desarrollaban “un aplicativo web que facilitaba su postulación y debida acreditación”, luego, cruzaban la información para verificarla y finalmente generaban las credenciales que incluso tenían verificación con código QR y que podían ser descargadas a través de una plataforma, una página web o entregadas personalmente.
Esa labor la tenía delegada la Registraduría porque el CNE no tenía recursos propios para ejecutarla, pero en 2024, después de que le asignaron prepuesto, reasumió la función de acreditar y capacitar los testigos electorales.
El mismo CNE, cuando le pidió plata al Ministerio de Hacienda para 2025 con el propósito de preparar las elecciones de 2026, también calculó que todo el proceso de acreditación de testigos electorales costaría 9 mil millones de pesos. En ese cálculo, incluso tuvo en cuenta el costo de los testigos para los Consejos de Juventudes.
Pero una vez tuvo bolsillo propio, el CNE empezó a multiplicar las cuentas y convirtió el proceso de inscripción de testigos electorales en una feria de derroche sin explicaciones claras.
Pasó de calcular los 9 mil millones, a estimar —en abril de 2025—, que se gastaría 630 mil millones en testigos electorales entre las elecciones a Congreso (230 mil millones) y las dos vueltas presidenciales (390 mil millones). Esa cifra, es casi lo mismo que el presupuesto de todas las elecciones de Congreso en 2022 y está muy cerca de lo que costará todo el andamiaje para la © La Silla Vacía





















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