La manera en la que se organizaron las consultas de la derecha, el centro y la centro izquierda para escoger tres candidatos presidenciales va a generar un trato desigual de centenares de millones de pesos en la reposición de votos y una pelea ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. 

La reposición de votos es la plata que les da el Estado a las campañas para financiar sus gastos reportados legalmente. Y el CNE es el que regalamenta cómo se paga y distribuye. 

Por la improvisación en la confección de esas tres consultas y la reglamentación del CNE va a pasar que Paloma Valencia, que fue la más votada, va a recibir menos plata de reposición de votos que Claudia López que sacó 80% menos de votos. 

Claudia reporta gasto más alto

Claudia López reportó ante Cuentas Claras que se gastó $5.052 millones en los 33 días de campaña de la consulta que hizo con Leonardo Huerta. La Consulta de las Soluciones se inscribió el 4 de febrero -a dos días de que venciera el plazo de ley- luego de López invitara sin éxito a Sergio Fajardo o Mauricio Armitage.

La exalcaldesa dijo que en esa campaña contra Huerta se gastó esos 5 mil millones en publicidad, volantes, eventos públicos y otras actividades. Sacó esa plata de dos créditos con Bancolombia (4 mil millones) y AV Villas (mil millones) que fueron aprobados con cargo a la reposición de votos. 

El 8 de marzo, López, sacó 576.670 votos, según el preconteo. 

El CNE definió que los candidatos a las consultas tienen derecho a una reposición de $8.710 por cada voto obtenido. 

Las normas dicen que los candidatos pueden pedir como reposición de votos todo lo que reportaron en gastos siempre y cuando no se pasen del tope establecido por el CNE.

Así las cosas, al cruzar la votación y el costo de reposición, López puede pedir hasta $5.005 millones, que es casi lo que le prestaron los bancos y ella reportó como gastos. 

En cambio, Paloma Valencia, que sacó 6 veces más votos que López recibirá menos del doble. 

Valencia participó en la Gran Consulta por Colombia junto a ocho candidatos más. Esa iniciativa también se inscribió el 4 de febrero antes las dudas de si aceptaban a todos los que finalmente decidieron participar. 

El 8 de marzo, Valencia sacó 3.236.286 votos. Si se aplicara la multiplicación de votos por valor de reposición podría pedir hasta $18 mil millones de reposición. Pero las normas dicen que solo va poder acceder $2 mil millones. 

La razón es que el CNE estableció que cada consulta podía gastar, en total, unos $18 mil  500 millones, que es el equivalente al 50% de lo que se puede gastar una campaña en primera vuelta presidencial. Ese monto debía dividirse entre el número de candidatos inscritos en cada una. Y la Gran Consulta fue la más grande en número de candidatos en la historia de las consultas presidenciales.  

Así, los nueve integrantes de esa coalición podían recibir y gastar máximo $2.061 millones. Su presencia numerosa redujo lo que cada uno podía gastar. Con base en esa norma, Valencia reportó gastos por $2 mil millones de pesos. La plata salió de tres créditos que le hizo su partido Centro Democrático. 

Esos 2 mil millones son los que Valencia y el Centro Democrático van a poder recuperar por la reposición a pesar de su abultada votación. No serán 26 mil millones como reportaron algunos medios al hacer la operación básica sin la restricción del tope por cada uno.

La cifra de reposición de Valencia es similar en el caso de Vicky Dávila, que reportó gastos por 2 mil millones que salieron de un crédito con GNB Sudameris, el banco donde la familia Gilinski es socia. Gabriel Gilinki es dueño de la revista Semana, de la que Dávila era directora antes de lanzarse a la política.  

A Claudia López no le aplicó el tope de 2 mil millones porque en su consulta solo había dos personas. Es decir, ella y Huerta habían podido recibir y gastar 9 mil millones, cada uno. 

La disparidad entre lo que van a recibir la más votada y la que sacó una quinta parte de esos votos, va a entrar en discusión del CNE y la justicia. 

En el Consejo de Estado está activa una demanda de Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE y aliado del Centro Democrático, que pide anular la resolución que definió los topes de las consulta. Señala que es injusto que se aplique el mismo rasero para una consulta con nueve integrantes, que a una con dos. 

“La mayor disponibilidad de recursos en unas frente a otras incide directamente en el posicionamiento del candidato ante la ciudadanía, otorgando ventajas competitivas que no derivan del respaldo político o programático, sino exclusivamente de la forma como fue regulado el límite de gastos”, dijo Gutiérrez. 

El Centro Democrático también se ha quejado de eso.“En las consultas populares en las que participa un mayor número de precandidatos, el límite máximo individual de gasto por campaña resulta significativamente inferior al aplicable en aquellas consultas que se celebran en la misma oportunidad electoral con un menor número de competidores”, expuso el partido en una demanda similar. 

Por ahora, el CNE se mantiene en la postura de no hacer un trato diferencial según el número de participantes de las consultas. Dice que aceptar eso haría incurrir al Estado en un mayor gastos de reposición de votos. 

“De aceptarse la tesis planteada se abriría una brecha fiscal puesto que lo pretendido por el demandante sugiere que el estado debería permitir que cada sujeto que participe en una consulta interpartidista o interna pueda gastar alrededor de 17 mil millones de pesos cifra que es irracional y mas aun que sobre ello se haga la reposición de gastos”, dijo el CNE al responder esas demandas

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