Al poner la justicia transicional colombiana y el acuerdo de paz de 2016 en el centro de una de sus primeras alocuciones la semana pasada, el presidente electo Abelardo de la Espriella anticipó lo que podría ser uno de los primeros campos de batalla de su gobierno. Llamó a su brazo judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un “disfraz de tribunal” que “pretende lavar los crímenes” de las antiguas FARC y sugirió que “los criminales tienen instituciones a su disposición”.

También cuestionó que Rodrigo Londoño, el último comandante en jefe de esa guerrilla, condenado el año pasado por la JEP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, recibiera un permiso del tribunal especial para asistir a un foro en España. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”, dijo, usando el nombre de guerra de Londoño, antes de añadir que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”.

Hace once años, cuando ya era un mediático abogado penalista, De la Espriella defendió un tratamiento mucho más benévolo que el que estableció el acuerdo de paz para quienes fueran juzgados como máximos responsables de crímenes atroces, incluyendo que cumplieran con su sanción en libertad. “La privación de la libertad no es la única forma de hacer justicia”, escribió. El libro titulado “La salida jurídica del proceso de negociación con las FARC”, que publicó en 2015 su bufete De la Espriella Lawyers Enterprise y que casi no circula, lanzó propuestas que contradicen sus posturas actuales y que serían anatema para sus bases políticas hoy. 

En el libro, del que hay una copia en la Biblioteca Nacional, De la Espriella propuso que los culpables de crímenes graves pudieran incluso cumplir sus penas por fuera de Colombia. También que el acuerdo de paz debe ser de obligatorio cumplimiento para todo el Estado y que los grupos de crimen organizado herederos del paramilitarismo -las famosas bandas criminales o “Bacrim”- deberían tener acceso a medidas de justicia transicional dado que el Estado colombiano no les garantizó medidas suficientes de reinserción, un argumento similar al del saliente presidente Gustavo Petro en su política de paz total al abrir diálogos con grupos como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz.

Las “salidas jurídicamente viables” al conflicto del presidente electo

En julio de 2015, cuando los equipos negociadores del gobierno y las FARC llevaban tres años negociando y cumplían un año empantanados en la discusión del punto de víctimas y justicia transicional, De la Espriella publicó el libro con el que -como dice la contraportada- “busca contribuir, desde un enfoque jurídico y legal, a la solución de un conflicto armado que, a su juicio, carece de sentido”.

En esa edición de pasta dura, publicada por su bufete legal De la Espriella Lawyers Enterprise, el abogado penalista desarrolla -en palabras de su prologuista, el ya fallecido penalista Juan Fernández Carrasquilla- “la muy afirmativa tesis de que sí hay vía, sin necesidad de incurrir en posturas de penalización a ultranza que podrían frustrar el proceso hacia los acuerdos de paz o en algún momento dar resultados sociales contraproducentes”. Es más, añade, “está claro que el modelo que se adopte con las FARC-EP tendría que servir también para ulteriores intentos de paz con el ELN”.

Muchos de los puntos que De la Espriella le critica hoy a la JEP y al acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero incluso a la fallida política de paz total de Petro, coinciden o se asemejan a ideas que él defendió con vehemencia en el texto que hoy solo parece estar disponible en la Biblioteca Nacional que conserva el depósito legal de todos los libros editados en el país. 

De hecho, recogió varias de esas ideas en el subtítulo que adorna la portada, justo encima de su nombre y de una foto de guerrilleros formados de espaldas: “reinserción, alternatividad penal, participación en política y garantía de no repetición”.

A lo largo de sus 120 páginas, el hoy presidente electo defendió, cuando aún no se sabía cómo sería el modelo colombiano, que “la implantación de mecanismos de justicia transicional es, dentro del marco colombiano, una oportunidad para materializar beneficios jurídicos y sociales que permitan generar paz y generosidad, sin alterar la esencia de las exigencias internacionales y los derechos humanos”. 

Para lograrlo, sugirió recurrir a........

© La Silla Vacía