La organización administrativa y política de la Península Ibérica primero, y España después, ha sido siempre un galimatías de difícil comprensión y peor funcionamiento. Del medioevo aún padecemos los insolidarios sentimientos de ser “comunidades históricas” y, desde el intento de desmontar el Antiguo Régimen, usamos reminiscencias centralistas como los gobiernos civiles, las diputaciones provinciales y el Senado. Mecanismos reguladores que se superponen a los eficaces municipios y hurtan funciones a los gobiernos autonómicos y al Estado. La Constitución del 78 no hizo el borrón y cuenta nueva necesario para la modernización del país, y consagró la Cámara alta y la Diputación para no contradecir a las fuerzas tradicionalistas y edulcorar el federalismo reclamado.

El Senado y la Diputación Provincial son las dos instituciones menos representativas de la organización........

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