La independencia del Ministerio Fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Los ciudadanos deben poder confiar en que quienes tienen encomendada la defensa de la legalidad actúan con absoluta imparcialidad, ajenos a intereses partidistas y sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, durante los últimos años se ha producido un progresivo deterioro de la confianza pública en la Fiscalía General del Estado que amenaza con afectar gravemente a la credibilidad de una institución esencial para el funcionamiento de la democracia.

Para comprender esta situación es inevitable recordar una frase que ha terminado convirtiéndose en un símbolo de toda una época. Cuando Pedro Sánchez fue preguntado en una entrevista acerca de la Fiscalía, respondió: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. Aquellas palabras provocaron una enorme polémica y fueron interpretadas por muchos ciudadanos como la expresión más clara de una determinada concepción de las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

Formalmente, la Fiscalía no depende del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. La Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal consagran los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir su actuación. Sin embargo, las instituciones democráticas no se sostienen únicamente sobre normas jurídicas. También necesitan preservar una apariencia inequívoca de independencia. Por ello, aquella frase sigue resonando años después y ha acabado siendo utilizada como referencia inevitable cada vez que surge una controversia relacionada con la actuación de la Fiscalía General del Estado.

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