El debate sobre el respeto a los símbolos religiosos y su posible colisión con la libertad de expresión ha vuelto a los titulares. El detonante, el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar el delito de ofensas religiosas del Art. 525 del Código Penal en el marco del plan de regeneración democrática aprobado por el Consejo de Ministros. Explican que lo harán siguiendo la tendencia de la Unión Europea, pero eso no es cierto, ya que de los 27 países, 21 tutelan este derecho, y sólo 7 lo han despenalizado.

Estamos ante una nueva manifestación de “miopía laicista” que, en nombre de unos vagos valores, impide la defensa de la identidad religiosa y cultural, y convertirá en impune las burlas sin más sentido ni propósito que crear discordia y odio.

Es necesaria la más enérgica protección legal posible, la penal, concedida caso por caso, para preservar los valores más importantes de la sociedad y sancionar las conductas más........

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