La Audiencia Provincial de Palma ha decidido que la sopa boba tiene fecha de caducidad. Y no, no se trata de un recorte cruel contra la juventud oprimida por el capitalismo tardío, sino de algo bastante más prosaico: dos jóvenes de 20 años, perfectamente sanos, que dejaron los estudios a los 16, encadenaron cuatro años en blanco en su currículum y, cuando probaron el mercado laboral como cocineros, concluyeron que aquello “no les llenaba”. Resultado: papá pagaba 360 euros mensuales por barba. Hasta ahora.

El juez ha considerado que existe “pasividad voluntaria”. Traducido del lenguaje togado al castellano de bar: que no hacen nada porque no quieren. Y que el derecho de alimentos no está pensado para financiar vocaciones de sofá ni másteres en PlayStation. La resolución no condena a nadie al hambre, sino a........

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