En los últimos tiempos se han producido noticias que han conmocionado e indignado a la sociedad española y que se proyectan negativamente sobre la ineficacia del Gobierno para cumplir sus propias normas y el conjunto de, al menos, determinados sectores de la inmigración ilegal asentada en España. Tal es el caso del violador magrebí de una menor sobre el que recaía una no cumplida orden de expulsión, caso en el que también estaban los cuatro miembros de una banda del mismo origen que incurrieron en el mismo delito, o el descubrimiento en su día de que un islamista vulnerable, que cobraba una pensión de la comunidad vasca, era un yihadista que preparaba un atentado.

Las propias estadísticas del Estado sobre esta cuestión rebelan que apenas se cumple entre el 10 y el 20 por ciento de las órdenes de expulsión, pese a que España sea el país que las dicta con mayor profusión. Y entre las causas de este incumplimiento se anotan la propia dificultad de identificación de los sujetos a expulsar o que, como ocurre con países como Marruecos, éstos ponen dificultades o simplemente se niegan a recoger........

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