Ser fiscal general del Estado es una profesión de riesgo. Todos nacen con el pecado original de haber sido nombrados por el gobierno entrante para la duración habitual de una legislatura y tienen la salvaguarda de que no pueden ser cesados. Se les presume fidelidad a la política criminal que establezca el Gobierno y la mayoría de ellos así lo han cumplido, pese a que en los últimos tiempos se insiste en su independencia. Algunos, incluso, han hecho profesión de fe de ello y han sido animados a dimitir, como fue el caso de Eduardo Torres-Dulce -PP-, o de Consuelo Madrigal, no respuesta en el cargo por el mismo partido, o de María José Segarra -PSOE- que tampoco repitió. Como ejemplo de fiscales “independientes” ahí están Juan Ortiz Úrculo, Jesús Cardenal o José Manuel Maza, nombrados por gobiernos del PP, o Cándido Conde Pumpido, designado por........

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