El 12 de abril de 2026, los peruanos no solo elegirán presidente. Elegirán, por primera vez en treinta y dos años, la arquitectura del poder. Y esa distinción importa más de lo que la mayoría de ciudadanos —y candidatos— parecen entender.

Montesquieu no era un filósofo del optimismo. Era un anatomista del poder, y lo que describió en El espíritu de las leyes no fue una utopía sino una advertencia: cuando los poderes del Estado se concentran en un mismo titular, la libertad desaparece. No se deteriora, no se negocia. Desaparece. Perú tiene la costumbre de ignorar esa advertencia.

La Constitución de 1993, consagró un Congreso unicameral que, en teoría, concentraba la representación pero que, en la práctica, careció siempre del contrapeso interno necesario para producir legislación de calidad. Treinta años después, el diagnóstico sigue siendo el mismo: leyes aprobadas en pocas horas, sin debate técnico, sin segunda lectura, sin instancia que obligue a revisar lo que se aprueba con prisa o con agenda. El resultado está a la vista: más de trescientas normas inconstitucionales declaradas por el Tribunal Constitucional en la última década, y un Congreso cuya credibilidad institucional roza el piso y queda en juego la legitimidad.  La reforma constitucional aprobada en marzo de 2024 restituye la bicameralidad. A partir del 28 de julio de 2026, el Poder Legislativo volverá a tener dos cámaras: 130 diputados y 60 senadores, ambos elegidos el próximo domingo 12. La Cámara de Diputados iniciará el trabajo legislativo, interpelará ministros, otorgará o denegará la confianza al Ejecutivo y tendrá la facultad de acusar a altos funcionarios. El Senado revisará, aprobará, modificará o rechazará lo que los diputados produzcan; controlará los decretos legislativos y de urgencia; designará al Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional.

La bicameralidad, por sí sola, no garantiza nada. Una segunda cámara compuesta por los mismos actores, con las mismas lealtades partidarias, los mismos intereses corporativos y la misma cultura de impunidad que ha caracterizado al unicameralismo peruano, no produce contrapeso. Produce duplicación. Y una duplicación del problema no es su solución, es su ampliación con doble costo presupuestario.

Por eso el 12 de abril no es una elección ordinaria. Es la elección que decide quiénes ocupan esa arquitectura institucional. Elegir mal al Senado no es elegir mal a sesenta personas. Es elegir mal el filtro que determinará la calidad de cada ley que rija este país durante los próximos cinco años. Es elegir mal a quienes nombrarán a los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, a quienes decidirán si las leyes respetan o violan derechos fundamentales. Es elegir mal a quienes controlarán los decretos de urgencia con los que el Ejecutivo legisla en los márgenes. La fragmentación  política agrava el problema. Con cuarenta y tres partidos inscritos y una valla electoral que los expertos ya califican de difícil superación para las organizaciones pequeñas, el Senado podría quedar en manos de una coalición inestable de fuerzas sin proyecto de país. La historia reciente enseña que eso no produce gobernabilidad; produce negociación permanente de cuotas de poder. El diseño institucional puede ser impecable sobre el papel. La separación de poderes que Montesquieu describió como condición de la libertad puede estar perfectamente transcrita en los artículos reformados de la Constitución. Pero ningún texto constitucional se aplica solo. Lo aplican las personas que el soberano elige para ocupar sus instituciones. Y el soberano, en democracia, es el ciudadano con DNI en la mano frente a una cédula de sufragio. El voto del 12 de abril no es un voto entre nombres y listas. Es una decisión sobre qué tipo de Congreso queremos que frene al Ejecutivo cuando se extralimite, que revise las leyes antes de que nos afecten, que nombre a los jueces que nos juzgarán. Es, en el sentido más literal del constitucionalismo, la decisión sobre quién detiene el poder.

Montesquieu tenía razón. El poder no se detiene solo. Lo detenemos nosotros. O no lo detenemos, y después pagamos las consecuencias. Gracias por leerme.

(*) Abogada Constitucionalista

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