El estrambótico festejo familiar que financió el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas motivó que hace dos semanas saliera desde Palacio Nacional la instrucción de investigar a fondo el caso; sin embargo, tras el respaldo público que brindaron al dueño de la firma Petroservicios Integrales México (PIM) el gobernador Javier May y José Ramiro López Obrador, tres indagatorias en curso fueron detenidas en seco.

Las órdenes presidenciales incluían, se comenta en el ámbito hacendario, solicitudes de información a Petróleos Mexicanos para identificar a las empresas asociadas en consorcio con Guerrero Rojas, los contratos (montos, estatus, reportes de ejecución y cumplimiento) obtenidos por dichos consorcios, así como los contratos otorgados a través del muy socorrido mecanismo de adjudicación directa.

Sin embargo, Guerrero Rojas —al que ya jocosamente se le apoda “Güicho Domínguez Tropical”— se sintió fuertemente arropado por el apoyo político emitido por los emisarios de Palenque al punto de amagar a la paraestatal que dirige Víctor Rodríguez: no sólo ha redoblado —se comentan en el sector de energía— la presión para exigir la pronta liquidación de adeudos que Pemex tiene con PIM, sino además habría amagado de paralizar la producción petrolera del país de seguir las investigaciones en su contra y se congelen eventualmente sus cuentas para determinar el origen de su fortuna: ya no pagaría a sus propios proveedores y subcontratistas… paralizando cuando menos........

© La Razón