El pasado día 14 de abril, el Ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, en una conferencia de prensa «ad hoc», anunció que acababa de firmar una resolución para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco. La razón oficial es que esta entidad «no responde al interés general». Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende justificar una medida que, lejos de ser un acto administrativo neutral, revela una concepción totalitaria del Estado: el poder decide qué parte de la historia nacional merece ser conocida y cuál debe ser borrada.

El argumento es tan simple como peligroso. Si el conocimiento de una parte sustancial de la historia de España –el periodo 1939-1975– no forma parte del «interés general», entonces el Estado se arroga la facultad de definir qué es y qué no es legítimo recordar. No se trata de una mera discrepancia ideológica. Se trata de una redefinición autoritaria de la verdad histórica. El franquismo no fue un paréntesis insignificante: fue un régimen que duró casi cuatro décadas, que reconstruyó un país devastado por la guerra civil, que firmó tratados internacionales, que desarrolló infraestructuras, industria y educación, y que, con todos sus defectos y errores, forma parte inseparable de la biografía colectiva de los españoles. Negar que su estudio y análisis respondan al interés general equivale a afirmar........

© La Razón