El golpe del 17 de julio de 1936 fue uno de los 15 que se contabilizan desde la restauración Borbónica de 1874. Las víctimas no contabilizadas en combate en ambas zonas fueron de decenas de miles: 49.272 en la zona republicana y según las fuentes que se consulten, entre 130.000 y 150.000 en la zona nacional.

Más allá del dato cuantitativo, las cifras son enormes. El territorio nacional fue creciendo desde el inicio de la guerra, mientras que el republicano cada era menos extenso y con menor población. Tres años de conflicto segaron de vidas España de norte a sur y de este a oeste. Estos datos se invertirían de haber sido el desenlace de la guerra el contrario,

La única forma de lograr un consenso es ser ecuánimes y reconocer por ambos lados los crímenes cometidos por unos y otros. Pero la polarización frena el tratamiento sereno de las consecuencias del enfrentamiento civil. Es rara la familia española que no tuviera una víctima en la contienda.

La irrupción en el Congreso de los Diputados de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero interrumpió la sesión de investidura en la que iba a ser nombrado presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Por esta causa el nombramiento se demoró dos días. Tres semanas antes, el 29 de enero, el primer ministro Adolfo Suárez presentó su dimisión, básicamente por la pérdida de confianza del Rey en él y la presión de las Fuerzas Armadas. La mayoría de estas desconfiaban de Suárez por no dar el paso del ingreso en la OTAN, mientras que una minoría del ejército exigía la participación en guerra contra el terrorismo y poner fin al proceso democrático y a los procesos autonómicos.

Esta minoría de uniformados ya había protagonizado actos de indisciplina, conspiraciones para la rebelión e incluso tenían planes de terminar de forma violenta con la monarquía y la democracia. Ya desde 1976 el «bunker» torpedeó el reinado de Don Juan Carlos así como la reforma política que llevaron a las primeras elecciones democráticas en 1977, proceso que culminó en 1978 con el refrendo popular de la Constitución y las elecciones generales y municipales de 1979.

El intento golpista del 23-F formó parte de un lustro de maquinaciones de la ultraderecha, civil y militar, para interrumpir el proceso democrático y nuestra adhesión al mundo libre occidental. La Operación Galaxia, en la que estaba también implicado el teniente coronel Tejero, pretendía en noviembre de 1978 precipitar un golpe de Estado para evitar la aprobación de la Constitución prevista para el 6 de diciembre y derrocar al gobierno y enviar al exilio al Monarca.

El candidato Calvo-Sotelo, que iba a sustituir el 23-F a Suárez en la jefatura del gobierno, hacía público su compromiso pro occidental, al contrario que Suárez, que había coqueteado con los países no alineados. Si Calvo-Sotelo era investido España iba a sellar su alianza con la OTAN y acceder a la Comunidad Económica Europea.

Seis meses después de la intentona militar el Congreso de los Diputados respaldó nuestra adhesión a la Alianza Atlántica y cuatro años más tarde España se adhiere a la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Con ello se consolidó el reinado de Don Juan Carlos, que es lo mismo que decir, el asentamiento de nuestra democracia.

De ahí que el 23-F fue el último cartucho que quedaba a los que no estaban de acuerdo ni con el nombramiento de Juan Carlos I como heredero del general Franco, ni con la Ley para la Reforma Política aprobada por las mismísimas cortes franquistas en 1976, siguiendo el mandato del general Franco.

La inmensa mayoría de los procuradores franquistas obedecieron la hoja de ruta de Franco, 425 votos a favor de la reforma del régimen del 36, pero una minoría, 59 procuradores, se levantó contra el proceso de reforma política con todos los medios a su alcance. Entre ellos ultraderechistas como Blas Piñar o José Antonio Girón de Velasco.

Los golpistas debían impedir a toda costa la investidura de Calvo-Sotelo.

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