El ciudadano acude a la justicia para buscar protección. El delincuente compra protección para eludirla. Cuando ambos llegan a la misma oficina y el segundo tiene asegurado el resultado, la ley ha sido secuestrada. Tiene dueños. Sigue escrita en los códigos, pero obedece a quien paga por torcerla.

La aprehensión de Roger Mariaca y de otras autoridades del Ministerio Público merece respaldo porque abre la posibilidad de desmontar la protección que el narcotráfico habría comprado donde debía ser combatido. El Gobierno afirma haber intervenido una organización criminal. Ahora debe establecer quiénes la integraban y hasta dónde llegaba su poder.

Los hechos no parecen aislados. Según el informe policial, ocho dependientes de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos de madrugada cuando presuntamente intentaban retirar documentos del domicilio de Mariaca. Se movilizaban en seis vehículos, tres oficiales. Aunque después quedaron en libertad, debe establecerse quién los envió, qué buscaban y por qué utilizaron bienes del Estado.

También fue interceptada una ambulancia que salía del condominio donde vive Mariaca con tres millones y medio de bolivianos y diez mil dólares. Falta establecer el origen del dinero y quién dispuso trasladarlo de esa manera.

El marco humano que acompañó a Mariaca mientras rechazaba las acusaciones estadounidenses no prueba complicidad, pero revela una confusión inadmisible. Los funcionarios pertenecen al Estado y sus salarios los paga la ciudadanía. Su obligación es cumplir la ley, no formar una guardia personal para defender........

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