El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha hecho del supuesto progresismo político una bandera del Estado de Bienestar para garantizar servicios básicos y derechos sociales a toda la población, buscando reducir la desigualdad y asegurar un nivel de vida digno, con unos pilares que incluyen sanidad universal, educación gratuita, pensiones y ayudas al desempleo. Nada de esto tendría que objetar cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia moral. Pero todo tiene un límite y, como en cada uno de los aspectos de la vida y de la sociedad, los abusos llevan al rechazo, y el rechazo induce a la desaparición de prebendas que lo único que consiguen es una bolsa estanca de gasto que, al final, provocan injusticias, agravios comparativos y arbitrariedades. A esa conclusión ha llegado el Gobierno de Bélgica, que ha dado carpetazo a la prestación del paro de por vida para limitarlo a un máximo de dos años y que entrará en vigor con una polémica reforma laboral que busca paliar la falta de mano de obra, pese a ser rechazada por los sindicatos, cómo no. Este derecho ya se terminó para quienes llevaban más de 20 años percibiéndolo, aunque para el grueso de los receptores y los nuevos solicitantes ha entrado hoy en vigor. La nueva normativa se aplicará inicialmente a todas las solicitudes de prestación presentadas a partir de marzo de 2026, mientras que para quienes ya las presentaran antes de esa fecha, el Ejecutivo belga ha previsto un régimen transitorio, con una retirada progresiva del derecho en varias fases. También se modifica el denominado sistema de prestaciones de inserción, una ayuda destinada a jóvenes o personas con poca experiencia laboral, cuya duración quedará limitada a 12 meses, aunque con excepciones para determinados perfiles.De esta forma, el Gobierno belga prevé que, con este sistema, el 1 de julio de 2027 se haya eliminado completamente el paro indefinido, con excepciones para algunos colectivos como los artistas, los pescadores y los mayores de 55 con al menos 30 años de servicio. Para acallar las protestas sindicales, el Ejecutivo prevé una continuación temporal del subsidio para trabajadores a tiempo parcial y para desempleados que hayan iniciado una formación en una ocupación falta de mano de obra. El Constitucional ha tumbado el recurso de los sindicatos porque esta reforma no perjudica la situación económica de los afectados, facilita la incorporación laboral y evita la falta de interés por volver a trabajar. En España debemos tomar nota y evitar las bolsas de subsidiados como rehenes electorales.

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