La desaparición de 20 adolescentes en Cancún en el transcurso de una semana no puede leerse como un hecho aislado ni fortuito. Se trata de una crisis persistente que desde hace años atraviesa a uno de los destinos turísticos más importantes del país y que tiene como telón de fondo la operación de redes de trata de personas. Aunque las autoridades informaron la localización de 16 de las jóvenes, los colectivos de búsqueda advierten que las cifras reales de desaparición podrían ser mayores.

La discrepancia entre los datos oficiales y los registros de la sociedad civil revela una problemática más profunda: la falta de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Cuando el Estado no logra ofrecer cifras claras y verificables, lo que se pone en duda no es sólo su capacidad operativa, sino también su legitimidad frente a las víctimas y sus familias.

La trata de personas es uno de los delitos más graves y extendidos a nivel internacional. Involucra la captación y explotación de seres humanos mediante engaños, amenazas o abuso de poder, con fines que incluyen la explotación sexual, laboral, la servidumbre e incluso la extracción de órganos. Las cifras son contundentes: la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En México, el grupo más vulnerable es el de adolescentes entre 15 y 19 años, una población frecuentemente expuesta a condiciones de precariedad e informalidad.

Cancún concentra factores que facilitan la operación de estas redes: turismo masivo, alta rotación laboral y una constante oferta de empleos sin regulación clara. No es casualidad que en 2025 Quintana Roo haya registrado el mayor número de mujeres rescatadas de situaciones de trata en todo el país, con 785 víctimas. Detrás de esa cifra hay historias de enganches, silencios y omisiones institucionales.

Ante esta realidad, las recomendaciones de prevención individual: no aceptar empleos sin requisitos claros, cuidar la información personal en redes sociales, desconfiar de ofertas atractivas. Si bien estas medidas son necesarias, resultan claramente insuficientes. La responsabilidad no puede recaer únicamente en las potenciales víctimas.

Las desapariciones responden a un entramado estructural sostenido por la impunidad, la falta de voluntad política y un sistema de justicia debilitado. Los colectivos de búsqueda y las organizaciones feministas lo han señalado de manera reiterada: sin una actuación decidida del Estado, cualquier esfuerzo civil será limitado.

El caso de Cancún exige mucho más que comunicados oficiales y estadísticas incompletas. Exige verdad para las familias que buscan, justicia para quienes no han vuelto a casa. Cada desaparición no es un número: es una ausencia que rompe hogares y deja preguntas sin respuesta. Mientras la impunidad siga marcando el ritmo de la violencia, la tragedia continuará repitiéndose. La pregunta ya no es cuántas jóvenes más desaparecerán, sino cuánto dolor colectivo se está dispuesto a tolerar antes de actuar.

Jacqueline L´Hoist Tapia

Cuba, en el conteo final

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