TSJ vulnera principios constitucionales de asociación y participación política

por CELIZ RAMON MENDOZA 24/10/2026, 12:44 PM

El Tribunal Supremo de Justicia ha violado descaradamente el derecho de los ciudadanos a asociarse con fines políticos y participar democráticamente

​Como nota principal, a los solos fines de no ser inconsecuente con el escrito anteriormente publicado por este medio —en el cual manifesté claramente cuál es mi posición respecto al flagelo del supuesto derecho a la abstención como una omisión que se opone dañinamente al derecho del ejercicio del voto, tal como se contenía en la Constitución derogada—, debo señalar que, ante la vigencia de nuestra actual Constitución (que considera el ejercicio del sufragio como un derecho y no como un deber), no queda otra opción que cumplir con su mandato. Paradójicamente, este derecho se les aplica a las organizaciones con fines políticos como un deber, por las razones que se indican a continuación.

​La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, promulgada en el año 1964 y modificada parcialmente, establece inequívocamente el deber u obligación que tienen los partidos políticos legalizados de renovar su nómina de militantes para poder mantener dicha condición, de conformidad con sus artículos 26 y 27, los cuales mantienen plena vigencia. De allí se infiere que, cuando estos entes obligados a participar en un proceso electoral no obtuvieren un mínimo del 1\% de los votos válidos, o que habiéndolo obtenido no presentarán la constancia de dichos votos, se les obligaba a renovar sus nóminas de militantes al inicio de cada período en el porcentaje del 0,5\%. Asimismo, esta sanción les era aplicable cuando no participaban en dos períodos constitucionales consecutivos, es decir, si se abstuvieran de postular candidatos en dichos procesos electorales.

​Todo lo anterior guardaba correspondencia con la Constitución Nacional vigente para ese entonces, la cual, si bien consideraba el sufragio en sus dos acepciones (activo y pasivo, vale decir, elegir y ser elegido) como un derecho, su ejercicio era de carácter obligatorio (Artículo110: «El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley»), so pena de ser sancionados por el incumplimiento de esa obligación. Así, a los ciudadanos se les exigía el cumplimiento de este derecho para algunos actos civiles, e incluso, si un candidato se postulaba, no ejercía el voto en dicho proceso y resultaba ganador, no podía ser proclamado.

​Ahora bien, fue la Constitución de 1961 la primera en regular en forma expresa a los partidos políticos, al establecer el derecho de todos los venezolanos aptos para el voto «de asociarse en partidos políticos para participar, por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional» (Artículo 114). La Constitución, además, dispuso que «el legislador reglamentará la constitución y actividad de los partidos políticos con el fin de asegurar su carácter democrático y garantizar su igualdad ante la ley». En ejecución de esa norma fue que en 1964 se sancionó la Ley de Partidos Políticos.

​Con la Constitución de 1999, si bien se eliminó la expresión literal «partidos políticos», se consagró el derecho político de los ciudadanos «de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección» (Artículo 67). En la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones del 15 de diciembre de 1964, se estableció el régimen de constitución, funcionamiento y extinción de los partidos políticos.

​En opinión muy respetable del tratadista patrio Alan Brewer-Carías, el cual me permito transcribir en un corto resumen a los fines de ilustrar con mayor detalle el presente análisis —cuyas conclusiones son coincidentes en gran parte con este estudio y aclaran en gran medida su contenido jurídico, doctrinal y jurisprudencial—, se destaca lo siguiente:

​«Como se ha dicho, la Constitución de 1999 no estableció un derecho, como el previsto en el artículo 114 de la Constitución de 1961, de los ciudadanos a asociarse en partidos políticos. La previsión constitucional en la materia ahora es más amplia, pues el artículo 67 regula el derecho de los ciudadanos de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección, sin siquiera utilizar la expresión “partido político”.

​Se establece así el derecho de asociación política más allá de los partidos políticos. En esta materia, el texto constitucional sufrió un cambio radical, tal como lo destacó la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 71 del 23 de junio de 2000.

​Por su parte, en cuanto a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 1964, la misma define a los partidos políticos como “agrupaciones de carácter permanente, cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país…”. En primer lugar, la ley exige el carácter permanente de la asociación política. Por tanto, las agrupaciones transitorias no se consideran partidos políticos, ni podrán obtener inscripción de funcionamiento. Esto produce que, cuando un partido político ha dejado de participar en una elección, su inscripción debe ser cancelada por el Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, la Ley precisa la finalidad de los partidos políticos al señalar que deben participar en la vida política del país a través de las elecciones y la orientación del sufragio.

​Por ello se establecen como medios de participación política, además del sufragio activo y pasivo, una serie de mecanismos consagrados en el artículo 70 de la Constitución de 1999 (…) Los partidos políticos en el régimen constitucional y legal venezolano tienen que considerarse como personas jurídicas de derecho privado —de las que el artículo 19, ordinal 3° del Código Civil califica como “corporaciones”—, las cuales, en virtud del papel político que la Constitución y la ley les asigna, están sometidos al control del Consejo Nacional Electoral, sin que ello signifique que puedan dictar actos administrativos pues no ejercen prerrogativa pública alguna» (Fin de la cita).

​No obstante los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales antes citados, debemos precisar si estos mantienen sintonía con el espíritu, propósito, contenido y alcance del sufragio activo y pasivo, así como con el derecho de participación establecido en nuestra Constitución vigente.

​Si bien la opinión doctrinal expuesta destaca un avance significativo respecto a los medios de participación como un derecho de las organizaciones políticas (artículo 70 de la CRBV), en virtud de que antes se consideraba su actuación circunscrita únicamente a la postulación de candidatos en procesos electorales, dicha normativa legal solo alude a los derechos de participación, mas no pondera las consecuencias de no postular candidatos frente al deber de ejercicio de dichos derechos. Por el contrario, la ley sanciona drásticamente a las organizaciones con la cancelación de su registro ante la abstención o inactividad electoral.

DE LA CONTRADICCIÓN DE LA LA REFERIDA LEY  CON LA CONSTITUCIÓN 

​Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el sufragio sigue considerándose un derecho en sus dos........

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