Hace más de medio siglo, la Reforma Agraria transformó radicalmente la relación entre el Estado, la tierra y el mundo rural peruano. No surgió de una política planificada, sino como respuesta estatal a un proceso social que ya se había desbordado: las tomas de tierra, el conflicto agrario, el discurso del campesinado organizado. Hoy, un fenómeno similar ocurre bajo nuestros pies. La expansión de la pequeña minería —artesanal, informal e ilegal— está reconfigurando el subsuelo peruano como nueva frontera de conflicto territorial. Ya no se trata de un problema técnico o ambiental: lo que presenciamos es una reforma minera no declarada, que avanza desde abajo, sin marco legal ni reconocimiento estatal. Para entenderla, hay que considerar cuatro factores clave.

El sistema de concesiones mineras está en crisis. Más del 50% de las concesiones otorgadas por el Estado están ociosas: no se explotan ni generan empleo ni tributos. Algunas tienen hasta 14 años sin actividad alguna. Existen casos documentados de concesiones del tamaño de dos veces la ciudad de Lima, entregadas a empresas que nunca trabajaron el terreno, pero que siguen reteniendo el derecho legal de explotación. En paralelo, miles de pequeños mineros han ocupado esas concesiones y las trabajan de facto, sin autorización, pero con conocimiento del Estado. En muchos casos, estas personas no están huyendo de la ley, sino buscando formalizarse. Son familias enteras que ven en la minería su única salida económica, en zonas donde no hay alternativa productiva real. El conflicto, entonces, ya no es entre legalidad e ilegalidad, sino entre una legalidad que bloquea y un trabajo que reclama reconocimiento.

La pequeña minería de hoy no es marginal. Empresas vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) figuran entre los........

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