El incendio tiene una virtud terrible: ilumina durante unas horas lo que durante años preferimos no ver. Estas tragedias no comienzan cuando aparece la primer llamarada. Comienzan mucho antes.

Lo ocurrido exige solidaridad con quienes perdieron patrimonio y años de trabajo. Pero solidaridad no significa amnesia ni debe convertirse en demagogia. Después de apagar el fuego corresponde preguntar: ¿quiénes tenían la obligación de evitar que una actividad privada de concurrencia masiva funcionara bajo condiciones capaces de poner en riesgo a miles de personas?

No se trata de criminalizar a los gremialistas. Hacerlo sería regresar a aquella vieja lógica que buscaba personas peligrosas en vez de analizar conductas y situaciones de riesgo. Pero tampoco podemos convertir al propietario privado en única víctima y al Estado en un espectador inocente.

Pensemos en un ejemplo sencillo.

Una persona sale........

© La Razón