¡Carajo que estamos mal! Y no es una frase de sobremesa, ni un exabrupto de ciudadano indignado… es prácticamente el eslogan no oficial del sistema electoral boliviano. Porque lo que estamos viendo no es democracia: es un concurso nacional de mentiras, donde participan políticos reciclados, partidos de alquiler y un árbitro —el Tribunal Supremo Electoral— que dejó de impartir justicia para convertirse en operador de conveniencias.

Aquí no gana el más votado. Gana el más creativo para vulnerar la norma. Veamos el espectáculo: Dos casos, una misma ley, dos resultados distintos. Mario Cossío, con certificación oficial de refugio otorgada por Paraguay, queda inhabilitado. Luis Revilla, con una simple solicitud de refugio en Brasil —ni siquiera concedida— queda habilitado. Ambos bajo la misma Sentencia Constitucional 0009/2022. Ambos apelando al mismo criterio. Pero claro… en Bolivia la ley no es la ley: es una sugerencia editable según el cliente.

Y entonces uno se pregunta: ¿qué evalúa el Tribunal Supremo Electoral? ¿La legalidad o la simpatía? ¿La documentación o la conveniencia política? Porque si el requisito es acreditar condición de refugiado, ¿desde cuándo pedir refugio equivale a tenerlo?........

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